Por 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Acusación Constitucional contra el ministro Antonio Ulloa. El libelo pasó al Senado, que actuará como jurado, y si lo aprueba, el magistrado será destituido y no podrá ocupar cargos públicos por 5 años.
En la votación en Sala, el único rechazo fue de la diputada María Luisa Cordero (ind. RN) mientras que las abstenciones correspondieron a los diputados José Miguel Castro (RN) y Sergio Bobadilla (UDI).
Previamente, por 127 votos en contra, 1 a favor y 15 abstenciones, la Cámara había rechazado la cuestión previa planteada por la defensa del ministro Ulloa.
El abogado Domingo Hernández, defensor del ministro Ulloa, planteó que el libelo no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política, además de ser improcedente, debido a que la Corte Suprema ya rechazó removerlo de su cargo.
Sin embargo, la Sala de la Cámara se pronunció en contra de este argumento por aplastante mayoría, lo que fue una mala señal para el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien está acusado por notable abandono de deberes por filtrar información de causas al abogado Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios.
Libelo plantea que el magistrado vulneró el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales
Además, la acusación -que llegó con informe favorable a la Sala- plantea que el magistrado vulneró el deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales e intervino indebidamente en nombramientos de integrantes del Poder Judicial.
El 30 de septiembre pasado, el Pleno de la Corte Suprema rechazó expulsar al ministro Antonio Ulloa, luego de ser acusado de faltas a la probidad respecto a nombramientos en el Poder Judicial y a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.
La decisión fue adoptada luego de que no se alcanzara el quórum que exige la norma constitucional y los ministros Manuel Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, Diego Simpertigue y las ministras María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier, estuvieron por no removerlo sin perjuicio de adoptar otra medida.
El 25 de agosto pasado, el Pleno de la Corte Suprema sancionó con dos meses de suspensión al ministro Ulloa y ordenó la apertura de un cuaderno de remoción, lo que finalmente no prosperó.
