La Cámara de Diputados aprobó este lunes en general el proyecto de ley del Presupuesto 2021, iniciativa que pone sus ejes principales en la recuperación económica y del empleo, además del aumento en las pensiones, tanto en cobertura como en número de beneficiarios.

La norma fue ratificada en dos votaciones. La primera aprobó sus normas generales por 105 votos a favor, 26 en contra y cuatro abstenciones. La segunda, en tanto, permitió la aprobación de las normas con quórum especial, por 90 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones. Por no presentar indicaciones o solicitudes de votaciones separadas quedaron también aprobadas en particular las partidas del Congreso Nacional y del Ministerio Público y cerca de 25 de los artículos del proyecto de ley.

El resto será discutido y votado en las sesiones convocadas para tal efecto a partir de este martes. La propuesta, que iniciará su debate en particular, presenta un incremento de 9,5% real del gasto respecto de la ley vigente ajustada.

Si bien desde el oficialismo valoraron el proyecto presentado por el Gobierno, también hubo críticas. De hecho, parlamentarios de Chile Vamos pidieron directamente al Ejecutivo ser más proactivo y en temas como la deuda histórica del profesorado y de la crisis que vive el sector de la cultura.

Por su parte, en la bancada UDI igualmente se agradeció al Ejecutivo por los esfuerzos realizados en el presente año y se reconoció las dificultades que han debido enfrentar las familias chilenas para enfrentar la crisis. Se negó que haya falta de transparencia y se afirmó que hubo variados perfeccionamientos en el trámite previo de la ley, acogiendo demandas de las y los parlamentarios de la Comisión Mixta.

En tanto, desde la oposición hubo una crítica sostenida a puntos claves del proyecto, llamando a mejoras. En lo particular, y siguiendo la tendencia de las pasadas semanas, se criticaron las reducciones en los sectores de Cultura, Salud Pública, Educación Pública y Ciencia, así como la falta de recursos para el ámbito de los DDHH, como son el sostenimiento de los sitios de la memoria y la no entrega de un subsidio a quienes resultaron con secuelas de incapacidad durante el estallido social. Además, se insistió en la necesidad de legislar para establecer un impuesto a los “súper ricos” para así mejorar la situación fiscal.