Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados acogió este martes la “cuestión previa” y rechazó la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.
De esta manera, la Cámara dejó sin efecto el libelo al sostener que no cumple con los requisitos constitucionales para poder realizarse.
En la sesión desarrollada en la mañana de este martes, la abogada que representó a Siches, Elisa Walker, manifestó que “la acusación constitucional debe ser utilizada como un mecanismo de última ratio, de forma excepcional, cosa que no se está cumpliendo en este libelo acusatorio”.
Agregó que “se está desnaturalizando su propósito y se está utilizando para cuestionar políticamente a una ministra de Estado”.
Aseguró que “se pretende hacer responsable a la ministra Siches por actos de terceros y no por acto propios, lo que transgrede el objeto de este mecanismo de control constitucional” y añadió que el libelo “carece de toda lógica argumentativa”.
PARTIDO REPUBLICANO
La acusación nació a partir de las acusaciones del Partido Republicano, que indicó que la jefa de gabinete comprometió “gravemente el honor de la Nación”, y la seguridad de la misma. Además, de “infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado estas sin ejecución”.
En el primero de los siete capítulos que contiene el texto ingresado al Congreso, los parlamentarios cuestionaron el retiro de 149 querellas presentadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra detenidos por el estallido social. Además, criticaron que no haya presentado denuncia tras el atentado del que fue víctima en Temucuicui.
También reprocharon a la secretaria de Estado por “utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina”.
Por lo demás, denunciaron que “acusó negligentemente al Estado de deportaciones masivas e ilegales de ciudadanos, amén de haberlas escondido. Lo hizo de manera jocosa, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, desprestigiando nuevamente su cargo, mancillando el honor de Chile e incumpliendo la Ley, por la cual debería haber denunciado estos hechos ante la Fiscalía para su veracidad y no vertiendo estos dichos de la manera y el lugar donde lo hizo”.
En su respuesta formal, la secretaria de Estado consideró que las afirmaciones de la acusación “no son verídicas ni justificadas”.
