El canciller Alberto van Klaveren se refirió a la salida de la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, quien fue cuestionada por solicitar 5 millones de dólares a la Gobernación del Biobío para financiar un proyecto.

El ministro señaló que la decisión de la Cancillería se debió a los antecedentes respecto a “la gestión de un proyecto que se apartó de las instrucciones que existen para los embajadores en el manejo de este tipo de situaciones, la embajadora Herrera lamentablemente se excedió en las competencias que corresponden normalmente a los embajadores”.

En esta línea, explicó que “los hechos que han sido motivo de esta situación eran conocidos por la Cancillería con anticipación, en este caso no nos enteramos por la prensa, sabíamos que había sucedido en términos de la presentación del proyecto”.

“Nuestro secretario general le envió una instrucción muy clara a la embajadora para detener cualquier gestión relacionada con ese proyecto”, subrayó el secretario de Estado.

En ese sentido, comentó que “el proyecto puede ser interesante, pero el problema está en el papel que desempeñaba la embajadora en ese proyecto, papel que consideramos producto de la inexperiencia en el manejo de este tipo de situaciones”.

El canciller recalcó que “la decisión se tomó de acuerdo a los méritos o deméritos de este caso en especial” y agregó que aún no hay reemplazo para Herrera, “sería prematuro especular sobre sucesores”.

“La decisión de la Cancillería se basó en la información que recibimos de nuestra embajada en Londres, se pidió un informe jurídico de la procedencia o no de la participación de la embajadora en el proyecto. Es una evaluación profesional y todos los embajadores están sujetos a evaluación”, complementó.

Agregó que se le entregó la información al Presidente Gabriel Boric. “Es un proceso gradual, no le puedo precisar una fecha exacta, es un intercambio permanente, el Presidente estaba enterado de los problemas de funcionamiento de la embajada en Gran Bretaña”, precisó.

Por último, afirmó que “hay un proceso de inducción para todos los embajadores, no se limita a los embajadores políticos porque asumir una responsabilidad de embajador representa una dimensión distinta, hay objetivos e instrucciones que se van entregando, en ese tenemos una política general, pero estamos disponibles para revisar esa política”.

“Este proyecto es una situación inusual, eso motivó la solicitud de un informe jurídico, ya que involucra una autoridad regional y eso también tiene ciertas características especiales”, reiteró el ministro.