En mayo de 2018, un programa de reportajes de Canal 13 denunció una supuesta asociación ilícita para el abuso sexual de menores, que habría estado conformada por una serie de sacerdotes de la región de O’Higgins, que fue bautizada como “La Cofradía”.
Tras la emisión del reportaje, el Ministerio Público hizo eco de la denuncia y comenzó a indagar a 14 párrocos. Por lo mismo, solicitó al Juzgado de Garantía de Pichilemu una orden amplia de investigar y el uso de todas las medidas más intrusivas que otorga la legislación: agentes encubiertos, interceptación telefónica y alzamiento de secretos bancarios.
“Seis meses duró esa investigación, sin que el Ministerio Público encontrara víctimas o delitos que le permitieran formalizar a los sacerdotes. Sin embargo, los párrocos sufrieron el asedio de la prensa, la desconfianza de la comunidad y, por cierto, el malestar de verse expuestos como pedófilos”, afirmó la Defensoría Penal Pública.
Posteriormente, “en enero y junio de este año, nuestros abogados insistieron en que la investigación estaba acabada y que era inconcebible que siguieran manteniendo una causa en la que no había formalizados ni víctimas. Por lo tanto, seguimos solicitando al tribunal el sobreseimiento definitivo de nuestros representados”, explicó Cristian Miranda, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría de O’Higgins.
En la última audiencia, realizada en junio de este año, el tribunal estimó necesario mantener la investigación respecto de Cristian Catalán y Luis Rubio, imputados que este jueves fueron notificados respecto de la solicitud de no perseverar en la investigación que llevaba el Ministerio Público, al no encontrar hechos que fueran constitutivos de delitos.
El 12 de diciembre próximo, en el Juzgado de Garantía de Pichilemu, se llevará a cabo la audiencia en la que debería ponerse fin a esta historia, que afectó la vida de 14 personas inocentes por más de un año y medio, según enfatizó la Defensoría Penal Pública.
Tras la emisión del reportaje, el Ministerio Público hizo eco de la denuncia y comenzó a indagar a 14 párrocos. Por lo mismo, solicitó al Juzgado de Garantía de Pichilemu una orden amplia de investigar y el uso de todas las medidas más intrusivas que otorga la legislación: agentes encubiertos, interceptación telefónica y alzamiento de secretos bancarios.
“Seis meses duró esa investigación, sin que el Ministerio Público encontrara víctimas o delitos que le permitieran formalizar a los sacerdotes. Sin embargo, los párrocos sufrieron el asedio de la prensa, la desconfianza de la comunidad y, por cierto, el malestar de verse expuestos como pedófilos”, afirmó la Defensoría Penal Pública.
SOBRESEIMIENTO
En septiembre de ese año la Defensoría Regional de O’Higgins solicitó la primera audiencia de sobreseimiento, oportunidad en que cuatro religiosos fueron liberados de la investigación, entre ellos quien era sindicado como líder de la supuesta cofradía.Posteriormente, “en enero y junio de este año, nuestros abogados insistieron en que la investigación estaba acabada y que era inconcebible que siguieran manteniendo una causa en la que no había formalizados ni víctimas. Por lo tanto, seguimos solicitando al tribunal el sobreseimiento definitivo de nuestros representados”, explicó Cristian Miranda, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría de O’Higgins.
En la última audiencia, realizada en junio de este año, el tribunal estimó necesario mantener la investigación respecto de Cristian Catalán y Luis Rubio, imputados que este jueves fueron notificados respecto de la solicitud de no perseverar en la investigación que llevaba el Ministerio Público, al no encontrar hechos que fueran constitutivos de delitos.
El 12 de diciembre próximo, en el Juzgado de Garantía de Pichilemu, se llevará a cabo la audiencia en la que debería ponerse fin a esta historia, que afectó la vida de 14 personas inocentes por más de un año y medio, según enfatizó la Defensoría Penal Pública.
