La Fiscalía de Arica, en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por las defensas, presentó diversos antecedentes que permitieron confirmar la prisión preventiva de 22 miembros de la organización criminal Los Gallegos, imputados por diversos delitos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas, entre otros.

Solo en el caso de un acusado (número 23), el Juzgado de Garantía de Arica revocó su privación de libertad, sin embargo y tras la apelación de la fiscalía, quedó detenido a la espera que la Corte de Apelaciones resuelva finalmente su medida cautelar.

Luego de analizar los antecedentes presentados, el tribunal mantuvo la prisión preventiva de los acusados, al considerar que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

La fiscalía presentó acusación contra un total de 44 miembros de la organización criminal Los Gallegos, solicitando once penas de presidio perpetuo para igual número de acusados, además de otras penas que suman más de 200 años de presidio para los 33 restantes.

El documento incluye 22 hechos delictivos en que los acusados tuvieron distintos grados de participación. Así, entre otros delitos se les atribuye siete homicidios (seis de ellos calificados) registrados durante el año pasado, en tres de los cuales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.

La acusación incluye diversos medios probatorios, como peritajes de armas de fuego y peritajes contables de 12 cuadernos incautados en los que se controlaban las finanzas de la agrupación criminal. Se suman más de 60 informes policiales, la mayoría de ellos que corresponden al análisis de más de 140 teléfonos intervenidos.

Actualmente, la totalidad de los acusados se encuentran en prisión preventiva en distintos complejos penitenciarios del país, en el marco de esta indagatoria que se inició en enero de 2022 y que contempló tres grandes procedimientos y operativos en Cerro Chuño. De los 44 acusados, 36 corresponden a ciudadanos venezolanos, además de un colombiano y un dominicano y el resto corresponde a ciudadanos chilenos (35 son varones).

“Los acusados son de alta peligrosidad y por lo mismo se hace necesario mantenerlos bajo la medida cautelar más gravosa que contempla nuestro código penal, por ello compartimos lo resuelto por el tribunal. La etapa investigativa ya está concluida y ahora corresponde seguir su proceso en sede judicial, a través de un juicio oral en que presentaremos todo nuestro trabajo para acreditar la participación de los acusados y que sean sancionados por estos hechos”, señaló el fiscal regional, Mario Carrera.

Respecto de la audiencia de preparación de juicio oral, se llevará a cabo el próximo 15 de enero de 2024.