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Clausuran gimnasio que funcionaba con permisos falsos en Providencia

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó que se cursará un sumario sanitario, por lo que el gimnasio podría estar obligado a pagar “una multa que puede llegar a los 50 millones de pesos. Además, este lugar va a ser cerrado”.
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Un gimnasio de la cadena Pacific Fitness, ubicado en avenida Rancagua, comuna de Providencia, fue clausurado por las autoridades tras detectar que funcionaba con permisos fraudulentos.

El recinto fue fiscalizado la mañana de este viernes por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, junto a la subsecretaria del Trabajo, Denisse Madrid, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y a funcionarios de la PDI.

En el lugar se encontraron 16 trabajadores, quienes portaban permiso de construcción inmobiliaria para realizar labores administrativas.

“No se estaba cumpliendo con el distanciamiento, no existen medidas de seguridad para los trabajadores en cuanto medidas sanitarias, hay muchas personas a las que se le otorgó el permiso único colectivo, pero siendo un permiso de construcción inmobiliaria y no de gimnasio, que es este lugar”, afirmó Martorell.

La subsecretaria de Prevención del Delito agregó que se cursará un sumario sanitario, por lo que el gimnasio podría estar obligado a pagar “una multa que puede llegar a los 50 millones de pesos. Además, este lugar va a ser cerrado”.

Martorell añadió que “no hay excusa y no existe excusa posible porque, vuelvo a insistir, a veces pensamos que esto (la actividad realizada en el gimnasio) es simple, es sencillo, pero lo que se pone en riesgo es la vida de las personas, y por eso es un delito”.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, afirmó, por su parte, que “uno no puede entender que teniendo esta pandemia hagan venir a 16 trabajadores con permisos falsos, sin tener la patente de Providencia. Esto realmente es gravísimo. A esta empresa le va a tocar muy duro porque van a haber sanciones por todos lados”.

Por último, el jefe nacional de delitos económicos y medioambiente de la PDI, prefecto inspector Jaime Ansieta, dijo que investigarán “si algún empresario obliga a las personas a venir a trabajar o hay alguna diferencia entre los que concurren respecto los que están en el listado del permiso único”.

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