Los cadáveres que habían sido recuperados el jueves por la policía en una zona selvática y limítrofe de Tumaco, corresponden a los del periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el chofer Efraín Segarra (60), secuestrados el 26 de marzo, según la fiscalía colombiana.
“Se le ha informado a los familiares que los cuerpos pertenecen efectivamente a los tres periodistas ecuatorianos”, dijo el jefe del organismo, Néstor Humberto Martínez.
Las autoridades lograron establecer la identidad de los cadáveres tras el cotejo de ADN y exámenes forenses que concluyeron en la madrugada en la ciudad de Cali (suroeste).
“Este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad y muy tempranamente actuará la justicia para que se establezcan las responsabilidades correspondientes”, señaló Martínez en una breve declaración a la prensa.
Familiares de los trabajadores del diario El Comercio acompañaron el proceso de identificación.
Los cuerpos ahora “serán entregados a las autoridades ecuatorianas, que ya dispusieron del transporte aéreo desde Cali para tal efecto”, indicó el gobierno de Juan Manuel Santos en un comunicado difundido por la cancillería.
Sin embargo, no precisó la fecha del traslado.
Un cuarto cuerpo también fue hallado dentro de la fosa rodeada de minas donde habían sido arrojados en medio de una intensa cacería militar, aunque su identidad no ha sido esclarecida, según el fiscal.
ACCESO A INVESTIGACIONES
El equipo periodístico cayó en poder del grupo que dirige el exguerrillero Walther Arizala, conocido con el alias de Guacho, cuando realizaban un reportaje en la convulsa frontera donde operan bandas del narcotráfico.Los tres fueron asesinados en cautiverio en Colombia, según anunció el gobierno ecuatoriano el 13 de abril, tras la difusión de unas fotografías que mostraban a tres hombres encadenados y ejecutados.
Guacho se apartó del pacto de paz con la ya disuelta guerrilla de las FARC, que condujo el año pasado al desarme de unos 7.000 combatientes y a la creación de un partido de izquierda con las mismas siglas.
Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador, a cambio de la liberación de los rehenes. Una negociación que según los disidentes se frustró por los operativos militares.
Las familias de Ortega, Rivas y Segarra dieron a conocer el compromiso de Colombia de mantenerlos al tanto de las investigaciones para esclarecer este crimen sin antecedentes en Ecuador.
“Ratificamos el compromiso que ha hecho la fiscalía del Estado colombiano en cuanto a que tengamos directo acceso al expediente, a la información, a todas las investigaciones realizadas”, expresó Xavier Andrade, representante de los ecuatorianos, en un mensaje a los medios.
Los dos gobiernos han recibido duras críticas por la información contradictoria que ofrecieron del caso.