El contralor Jorge Bermúdez abordó la formulación de cargos por el cierre de la etapa de investigación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), la cual acreditó el traspaso irregular de millonarios fondos durante su mandato.

De manera administrativa, el organismo corroboró que el exjefe comunal cometió “infracciones graves al principio de probidad”, ya que le habría solicitado a otras personas que depositaran dinero de las corporaciones Vita a diferentes cuentas bancarias. Ante esto, se espera que el Ministerio Público prontamente lo fiscalice por delitos relacionados a corrupción.

Bermúdez afirmó que “nosotros iniciamos un sumario a propósito de transferencias que se hicieron a corporaciones privadas de la Municipalidad de Vitacura. Ese sumario ha concluido en su etapa indagatoria y concluye con la formulación de cargos, inculpando de responsabilidad a 15 funcionarios y exfuncionarios”.

“Lo que viene ahora es que las personas tienen que formular sus descargos y luego, la Contraloría hará una resolución donde va a ponderar esos descargos y determinar si hubo responsabilidad o no”, indicó.

El contralor señaló que “quien tiene que aplicar la sanción es la municipalidad, y eventualmente los mecanismos que operan en la municipalidad, por ejemplo, a través de la acusación que puede formular el consejo comunal ante el Tribunal Electoral”.

En esa línea, los involucrados “tienen un plazo para poder formular los descargos desde que se realiza la notificación. De los 15 se ha notificado a 10 personas solamente, faltan 5 personas”.

“El exalcalde no ha sido notificado todavía porque no fue habido en su domicilio, pero ya se realizaron las búsquedas de esa personas y se le notificará por carta certificada, lo que establece la ley”, aclaró.

A propósito de las posibles consecuencias a las que se enfrenta Torrealba, indicó que “si el consejo eventualmente plantea -no digo que lo vaya a hacer- esta situación al Tribunal Electoral y el tribunal decide destituir por notable abandono, si la persona no está ejerciendo el cargo, no va a ser destituido, pero sí la sanción más grave es la inhabilidad de desempeñar cargos públicos por cinco años”.

Los antecedentes recopilados por Contraloría fueron enviados al fiscal Francisco Jacir, quien encabeza la investigación penal en donde se están indagando presuntos delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos por parte del exjefe comunal.