El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la indicación en el proyecto de ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que lleva los casos en donde estén involucrados Fuerzas Armadas o policías a la justicia militar.

En conversación con EmolTV, el secretario de Estado planteó que la iniciativa “es compleja por varios motivos, porque es un gran retroceso en el sistema institucional”.

“Está fuera de toda discusión, por cierto, que nosotros tenemos que dictar RUF”, agregó señalando que “cuando se involucra a la justicia militar, se distorsiona en parte el sistema, porque ya no estamos hablando de RUF, sino que estamos hablando de otro debate, que es la jurisdicción o el fuero penal en este tipo de asuntos”.

Cordero señaló que “en general, las razones por las cuales puede intervenir la justicia militar son cualificadas. Habitualmente tienen que ver con delitos militares, no con delitos comunes. En el caso de tiempos de guerra eso es evidente. En el caso de tiempos de paz, en el caso de delitos comunes que puede intervenir, lo que establece la legislación, es que son aquellos casos que ocurren dentro de un establecimiento militar o respecto de recursos militares”.

En ese sentido, explicó que “la justicia militar tiene un sistema de organización que no garantiza imparcialidad e independencia. Opera sobre la base de miembros de las FFAA que no tienen inamovilidad judicial”.

“Entonces, descansa en un sistema extremadamente frágil, tan frágil que durante largos años los especialistas de todas las tendencias políticas han estado de acuerdo en que es un ámbito que hay que reformar”, precisó.

De esta forma, el titular de Justicia argumentó que entregarle competencia a la justicia militar “en rigor es dar un privilegio respecto del cual el país había venido corrigiendo en los últimos años”.

Además, indicó que “el diseño de la justicia militar está construido sobre la parcialidad, son funcionarios de los cuerpos militares sujetos a la estructura del mando que no tienen la independencia sobre la cual está construido el sistema judicial”.

“Por eso lo razonable en un sistema institucional que los delitos comunes en lo cuales estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas sean conocidos por la justicia ordinaria”, indicó.