El exministro del Tribunal Constitucional (TC) y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, sostuvo que la Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no debiera prosperar. Esto al considerar que existe una duda legítima sobre la aplicación de la ley que regula las rebajas de condenas a delitos cometidos antes de 2022.
“Yo creo que esa es una acusación que no debiera prosperar. La ley se dictó en 2022 y hay una duda legítima, me parece a mí, respecto de si esa prohibición de dar el beneficio se aplicaba a los delitos cometidos antes del 2022 o no”, explicó en entrevista con La Tercera.
Agregó que “la jurisprudencia ha dicho una cosa y ha dicho otra. Y, por lo tanto, me parece a mí que decir que ahí hay una clara infracción de ley no es cierto. No tiene mérito”.
“Se dice, mire, porque el ministro no consideró el interés superior del niño. Yo creo que es cierto que el ministro no lo consideró, no lo ponderó. No dijo que ese era un valor. Pero si la acusación fuera de que por esa razón el ministro tenía que negar los permisos, a mí no me convence esa argumentación”, añadió.
Remarcó que “el interés superior del niño no es un bien absoluto en el derecho. No hay ningún bien absoluto en el derecho”.
En el segundo acápite de la AC referida a la disminución de penas a criminales de lesa humanidad, comentó. “Si a ti te parece que hay un deber del Estado de respetar como doctrina general un fallo de la Corte Interamericana, ya hay una infracción de ley. Si estimas que ese deber llamado de convencionalidad no existe, que los funcionarios públicos chilenos tienen que cumplir con las constituciones, las leyes chilenas, y tienen que estar atentos, naturalmente, a interpretarla conforme a la Corte Interamericana, pero que no tienen la obligación de respetarlo. Ahí no hay infracción de ley”.
Tercer capítulo es el más sólido
Para el exministro, el tercer capítulo de la acusación es el más sólido. “Me parece que el ministro efectivamente incurrió en esa falta. Al intentar exculparse, primero en los propios decretos y luego ante la opinión pública. Así como ante las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara. Falseó la verdad y utilizó un ardid para eludir su responsabilidad, señalando dos cosas que no son ciertas”, dijo.
“Aseguró ante el Parlamento que estaba obligado por la jurisprudencia de la Corte. En condiciones de que la jurisprudencia no obliga, y que no había jurisprudencia tampoco. Y segundo, que estaba obligado por las comisiones de calificación que tiene el Ministerio de Justicia para ver estos casos, cosa que tampoco es cierta”, relató
Concluyó que “el ministro no puede decir ninguna de las dos cosas, ni que estaba obligado por la comisión, ni que estaba obligado por la jurisprudencia. El ministro en eso faltó a la verdad, y creo que hay una falta a la probidad”.