La Corte Marcial declaró admisible el recurso de amparo presentado por la defensa del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, la tarde de este jueves.

El abogado Juan Carlos Manríquez presentó la acción judicial ante los tribunales militares con el objetivo de evitar una eventual detención de su defendido. Esto pues el general estaba citado para acudir la mañana de este jueves al Palacio de Justicia, para declarar ante la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por su presunta implicancia en dos aristas del caso Fraude en el Ejército, pero no se presentó.

Una de ellas estaría relacionada con su participación de la arista “gastos reservados”, en la que ya fueron procesados los excomandantes en jefe Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes le antecedieron en el cargo. Versiones indican que Martínez podría correr la misma suerte que Izurieta Ferrer, quien quedó detenido en el Batallón Policía Militar de Peñalolén la vez que debió comparecer en la ministra.

Asimismo, Martínez sería requerido por la arista denominada “Pasajes Aéreos” o “Agencias de Turismo”. En esta causa ya ha sido procesado el general en retiro Germán Schell por su responsabilidad en seis delitos de fraude al Fisco perpetrados entre noviembre de 2014 y noviembre de 2016. El uniformado causó un perjuicio fiscal de $53.852.233 por pasajes aéreos adquiridos para distintas ciudades de Europa.

Este miércoles, Martínez renunció a la comandancia del Ejército en medio de la Cuenta Pública para no afectar la reputación institucional con su eventual procesamiento, adelantando así su alejamiento, que en principio estaba programada para el 9 de marzo, cuando deba asumir su reemplazante, el general Javier Iturriaga, quien se desempeña como jefe del Comando Conjunto. De manera interina, asumió en su lugar el general Rodrigo Ventura.

Durante los últimos días, el uniformado, a través de Manríquez, había presentado diversas solicitudes para que Rutherford modificara la fecha de citación, o derechamente le interrogara en su domicilio con la presencia de su abogado. Todos los requerimientos fueron eventualmente rechazados por la magistrada.

Su ausencia en los tribunales podía desembocar en una eventual orden de detención en su contra, y es por eso que la defensa del uniformado presentó el recurso de amparo. En el escrito, se señala que “se ve perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual de mi representado si se dicta una orden de detención fuera de los presupuestos indicados por la Constitución, en una afectación clara al debido proceso y la igualdad de armas y libertad”.

Además de tomar esta nueva determinación, la Corte Marcial habría solicitado un informe a la ministra Rutherford, de acuerdo a información de Radio Biobío.