Con el propósito de responder a la consulta internacional que formuló el relator especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Francisco Cali, para recabar información sobre las realidades que enfrentan estos pueblos en el contexto de la pandemia por el Covid-19 y las medidas adoptadas por las autoridades, el Observatorio Ciudadano, la Comunidad Indígena Yagán de Bahía de Mejillones, el Consejo de Pueblos Atacameños, la Mesa de Coordinación de Pueblos Originarios del Budi, Municipalidad de Saavedra y la Plataforma Política Mapuche, elaboraron un informe conjunto que hicieron llegar a dicha relatoría, que sistematizará estos aportes para presentarlos a la Asamblea General y Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

En el documento se entrega información general sobre los pueblos indígenas en Chile y la condición de desigualdad que enfrentan en lo social, económico y territorial, y sobre las repercusiones de la pandemia entre los sectores más vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, para luego dar cuenta de la situación específica que se registra en diferentes territorios, como la incidencia y aumento del riesgo de infección para el pueblo Mapuche en La Araucanía y la Región Metropolitana.

Esto además de las dificultades de acceso a atención sanitaria en el caso de la comunidad yagán de Puerto Williams y la amenaza a su supervivencia que la pandemia representa o el levantamiento de barreras sanitarias y cuarentenas voluntarias de las comunidades atacameñas han implementado.

Asimismo, da cuenta de la ausencia de participación de pueblos indígenas en la respuesta estatal y regional a la pandemia, la no existencia de planes de emergencias y ayudas a estos pueblos con un enfoque diferenciado, la falta de consideración a sus conocimientos tradicionales, las precarias condiciones sanitarias en el contexto penitenciario y en particular la salud de los presos mapuche, la insistencia en dar continuidad a procesos de evaluación y consulta en materia ambiental, con las dificultades que esto representa para las comunidades en el contexto de la pandemia y el hostigamiento por parte de la policía y funcionarios municipales del que han sido víctima hortaliceras mapuche que venden sus productos en la ciudad de Temuco.

“FALTA DE RECONOCIMIENTO A SUS DERECHOS”

Karina Vargas, compiladora del informe y coordinadora del Programa de Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano, aclara que “los pueblos indígenas en Chile se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente a la pandemia por Covid-19 debido a la falta de un reconocimiento a sus derechos colectivos a nivel constitucional, por las desigualdades estructurales que en materia de salud y protección social arrastran desde hace muchos años, los riesgos crecientes que afrontan en sus territorios frente a las actividades extractivas, la crisis económica que afecta más a los sectores informales, y por la interrupción de la cadena de suministros de productos del campo a la ciudad, entre otros”.

Agrega que “preocupa que no existan planes de emergencia ni servicios culturalmente adecuados a los pueblos indígenas, ni que se estén reconociendo sus conocimientos tradicionales, sus prácticas en salud, ni su diversidad lingüística en las medidas de prevención y control que se vienen adoptando por parte del Gobierno”.

Destaca a su vez, frente a todo lo reportado en el informe, “que se hace muy necesario visibilizar la crítica situación que vienen afrontando los pueblos indígenas en Chile en el Informe del relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas sobre el impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas, a fin de que la Asamblea General de Naciones Unidas tome cuenta de ello en la Asamblea General de octubre de 2020”.

El informe del relator especial -se indicó-permitirá reunir, presentar y señalar a la atención de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos la situación y preocupaciones fundamentales que enfrentan los pueblos indígenas, para que estos órganos las examinen y adopten medidas al respecto. Además de subrayar a los Estados la necesidad de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, y garantizar políticas públicas y sociales para mitigar los efectos de la pandemia para los pueblos indígenas, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación.