“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, sentenció este jueves Amnistía Internacional (AI).
Con esa aseveración la organización de derechos humanos procedió a la entrega de las conclusiones preliminares de una visita de inspección realizada en el país, en el marco de las manifestaciones, protestas e incidentes derivados de la crisis social desatada hace poco más de un mes en el país.
Las protestas, que estallaron el 18 de octubre pasado gatilladas por el aumento en $30 de la tarifa del Metro, dejaron un saldo 22 muertos, cinco de ellos a manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
“No son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país, principalmente, por parte de Carabineros”, sostuvo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
El organismo criticó asimismo la decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles durante los primeros nueve días de manifestaciones, lo que a su juicio tuvo consecuencias “catastróficas”.
“En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, añadió la representante.
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDS) más de 2.300 personas han resultado lesionadas y 220 con trauma ocular severo. La Fiscalía registra, además, 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1.600 heridos.
“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, apuntó.
Con esa aseveración la organización de derechos humanos procedió a la entrega de las conclusiones preliminares de una visita de inspección realizada en el país, en el marco de las manifestaciones, protestas e incidentes derivados de la crisis social desatada hace poco más de un mes en el país.
Las protestas, que estallaron el 18 de octubre pasado gatilladas por el aumento en $30 de la tarifa del Metro, dejaron un saldo 22 muertos, cinco de ellos a manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
“No son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país, principalmente, por parte de Carabineros”, sostuvo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
El organismo criticó asimismo la decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles durante los primeros nueve días de manifestaciones, lo que a su juicio tuvo consecuencias “catastróficas”.
“En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, añadió la representante.
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDS) más de 2.300 personas han resultado lesionadas y 220 con trauma ocular severo. La Fiscalía registra, además, 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1.600 heridos.
“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, apuntó.
