El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella que presentó la Intendencia Metropolitana en contra del excandidato a diputado Dauno Tótoro, por incitar a la subversión del orden público, en el marco del estallido social, a través de las redes sociales.
“Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella”, planteó Tótoro en una asamblea en octubre pasado, consignó Cooperativa.
En el texto, el intendente sostuvo que el joven “incitó a los asistentes a adoptar medidas de coordinación para una huelga general indefinida funcional al derrocamiento del Gobierno”.
La acción judicial tiene como abogados patrocinadores a Jorge Bofill, Samuel Donoso, Marcelo Sanfeliú y Gabriel Zaliasnik, quienes presentaron la querella por la Ley de Seguridad del Estado.
El juez Daniel Urrutia sostuvo que “desprendiéndose de los hechos que estos se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, no constituye delito lo relatado”.
“Queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella”, planteó Tótoro en una asamblea en octubre pasado, consignó Cooperativa.
En el texto, el intendente sostuvo que el joven “incitó a los asistentes a adoptar medidas de coordinación para una huelga general indefinida funcional al derrocamiento del Gobierno”.
La acción judicial tiene como abogados patrocinadores a Jorge Bofill, Samuel Donoso, Marcelo Sanfeliú y Gabriel Zaliasnik, quienes presentaron la querella por la Ley de Seguridad del Estado.
El juez Daniel Urrutia sostuvo que “desprendiéndose de los hechos que estos se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, no constituye delito lo relatado”.
