La Contraloría General de la República dio este jueves un plazo de cinco días a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta para que entregue toda la información de los convenios suscritos con todas las fundaciones, no solo Democracia Viva.

Este jueves en la mañana, la bancada de diputados de Renovación Nacional concurrió a la Contraloría con el fin de solicitar un pronunciamiento por los traspasos de $426 millones desde la seremi de la Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva.

El requerimiento de Contraloría no se limita solo a la ONG que era liderada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (ambos militantes de RD), sino abarca a todos los convenios realizados por la seremi de Vivienda a través del programa de Asentamientos Precarios.

La Contraloría reaccionó de inmedisato a través de la contralora regional, Claudia Neira, quien firmó el requerimiento dirigido a la Seremi de Antofagasta.

SOLICITUD DE BANCADA RN

Más temprano, la bancada de diputados de Renovación Nacional concurrió a la Contraloría General de la República, con el fin de solicitar un pronunciamiento por los traspasos de $426 millones desde la seremi de la Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva.

El grupo estuvo encabezado por el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, acompañando de los parlamentarios Ximena Ossandón, Camila Flores, Miguel Becker, Eduardo Durán y JoséMiguel Castro Bascuñán.

En concreto, se pide una investigación profunda respecto de los programas y recursos entregados a fundaciones u ONG’s derivadas del proyecto de campamentos que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Asimismo, solicita que se indague respecto de las responsabilidades administrativas y penales que pudiera tener el exseremi de la cartera en Antofagasta y también la subsecretaria Tatiana Rojas (RD).

En un punto de prensa, los parlamentarios aseguraron que la subsecretaria Rojas es la principal responsable, porque “el 2 de mayo ella tenía todos los antecedentes para poder tomar una medida administrativa que no fue tomada y se esperó hasta el último momento”.

Respecto al rol del ministro Carlos Montes, indicaron que “ha actuado bien hasta el momento pidiendo que se devuelvan los recursos que no se han entregado ni utilizado”.

De igual forma, el diputado José Miguel Castro aseguró que se está abriendo “una Caja de Pandora, un Soquimich 2, con platas de mi región”, y agregó que si es necesario acusar constitucionalmente a un ministro o crear una comisión investigadora, lo harán.

Por su parte, el diputado Becker indicó que “los últimos 30 años parece que lo hicimos mejor que esta gente en un año y medio (…) han demostrado ser unos sinvergüenzas, Revolución Democrática y Frente Amplio”.

Finalmente, aseveró que “la Contraloría debe tomar las medidas y el Presidente de la República no puede dejar pasar esta situación. Es la oportunidad de deshacerse de los malos elementos”.