Poco más de $1.130 millones de pesos. Ese es el cálculo que realizó el diputado Cristóbal Martínez (UDI) para determinar la cantidad de recursos que deberá desembolsar el Estado sólo para financiar las remuneraciones de las 50 personas que integrarán el nuevo Consejo Constitucional, además de los 24 expertos que tendrán a cargo la redacción de un anteproyecto, si es que finalmente se determina que sí recibirán un pago por la función que desempeñarán durante cinco meses.
Al respecto, el parlamentario explicó que el monto lo obtuvo en la eventualidad de que los nuevos integrantes del organismo reciban la misma remuneración que los ex constituyentes, es decir, 50 UTM, lo que hoy equivale a $3.057.850 mensuales, por lo que durante los primeros cinco meses en que trabajarán los expertos, el Estado deberá gastar alrededor de $367 millones en sueldos, mientras que con los integrantes del Consejo el monto aumentaría a los $765 millones aproximadamente, tomando en cuenta un período de cinco meses (desde mayo a octubre de 2023).
Por lo mismo, y a raíz de la grave crisis económica e inflacionaria por la que atraviesa el país, lo que se suma a las proyecciones de una recesión en Chile durante el próximo año, Martínez planteó la necesidad de eliminar el cargo de delegados presidenciales regionales y provinciales, recordando también que el propio Presidente Gabriel Boric prometió en campaña eliminar dicha función.
“Estamos muy satisfechos de que después de tres meses se haya logrado arribar a un acuerdo en materia constitucional, pero no podemos seguir los mismos pasos que el proceso anterior y despilfarrar recursos millonarios y necesarios para nuestro país, sobre todo dada la actual crisis económica. Por eso es que junto con darle viabilidad a este nuevo proceso, también tenemos la responsabilidad de buscar distintas fuentes de financiamiento para no provocar un gasto mayor y que los chilenos no sientan que otra vez se están mal utilizando sus recursos”, sostuvo el legislador.
En esa línea, el diputado de la UDI detalló que por los 16 cargos de delegados presidenciales regionales, el Estado desembolsa al mes $112 millones de pesos, mientras que en los 40 delegados presidenciales provinciales el gasto bordea los $160 millones. Por lo mismo, aseguró que en los mismos diez meses de trabajo que tendrá el Consejo Constitucional, sólo por concepto de remuneraciones el Ejecutivo podría disponer de $2.720 millones para financiar los nuevos gastos.
“Si el Presidente Boric cumpliera con su promesa de eliminar el cargo de los delegados, tanto regionales como provinciales, existiría una importante disposición de recursos para al menos costear las remuneraciones de los expertos y de los nuevos integrantes del Consejo. Es indispensable que este proceso tenga la característica de austero, y si en términos administrativos ya se va a incurrir en gastos millonarios, lo mínimo entonces es que el Gobierno busque la forma de disminuir los costos desde otras áreas, como por ejemplo las delegaciones”, insistió Martínez.
