Un extenso proyecto de ley integral destinado a combatir los delitos económicos en el país ingresó este miércoles un grupo transversal de diputados entre los que se encuentran Matías Walker, Leonardo Soto, Luciano Cruz Coke, Gonzalo Fuenzalida, Pablo Vidal, Gabriel Silber y las diputadas Natalia Castillo y Paulina Nuñez.
La iniciativa , que incluye delitos medioambientales, comenzará a tramitarse el próximo lunes en la Comisión de Constitución y el resultado de un trabajo conjunto entre parlamentarios y destacados penalistas.
El diputado Walker destacó que “lo que vamos a tener por primera vez en la historia de Chile es una propuesta completa de sanción efectiva para todos los delitos económicos, para todos los delitos denominados de cuello y corbata. Nunca más vamos a tener clases de ética como sanción por delitos económicos”.
“Acá va a haber cárcel efectiva para delitos como la colusión, como el uso y abuso de información privilegiada, incluso para los delitos ambientales. Se establecen penas efectivas, privativas de libertad. Se establecen multas personales de más de 20 millones de dólares, se establecen también el decomiso de todas las ganancias obtenidas fraudulentamente en exceso, se establece también la disolución de las personas jurídicas como sanción”, añadió.
Agregó que “nos parece que estamos dando un paso muy importante, muchas veces la gente se queja con razón que se sanciona el robo, por ejemplo, con penas muy altas, pero los delitos de cuello y corbata no tienen sanción ejemplares. Ahora van a tener sanciones ejemplares.”
Por su parte, la diputada Natalia Castillo señaló que “el mayor aporte de este proyecto es que termina con esta sensación de impunidad en que quienes cometen delitos económicos de gran envergadura no tienen absolutamente ninguna sanción. Hace un tiempo atrás tuvimos sanciones irrisorias para efectos de la colusión de las farmacias, las llamadas clases de ética, y resulta que hoy se investigan nuevos hechos que podrían dar cuenta de una nueva colusión en las farmacias”.
“Si este proyecto hubiese estado aprobado cuando tuvo lugar la colusión del confort, quienes se coludieron habrían arriesgado penas de hasta 15 años de cárcel. No estamos hablando solo de subir las penas, sino que de generar un estatuto completo que sea además coherente con el resto de la legislación chilena y que le de un carácter especial a los delitos económicos por el daño que provocan en la sociedad. Hoy no puede seguir siendo más importante robarse una gallina que coludirse en perjuicio de los chilenos y chilenas”, remarcó.
Finalmente, el diputado Gonzalo Fuenzalida expresó que “hemos hecho un trabajo transversal, porque tenemos una sola mirada y es que los delitos de cuello y corbata no pueden quedar en la impunidad. No pueden quedar con multas que finalmente a los que realizan estos delitos que son grandes empresas que se coluden muchas veces, no les afecta tanto. No les afecta tanto una multa aunque sean varios millones de dólares”.
Precisó que “este proyecto busca que las sanciones sean de verdad, que haya cárcel. Una empresa con otra empresa que se coludan, finalmente sus gerentes generales, las personas que estuvieron en la colusión, tengan cárcel efectiva y multas que efectivamente le peguen directamente al patrimonio de esa empresa y a las utilidades que generó esa colusión”.
La iniciativa , que incluye delitos medioambientales, comenzará a tramitarse el próximo lunes en la Comisión de Constitución y el resultado de un trabajo conjunto entre parlamentarios y destacados penalistas.
El diputado Walker destacó que “lo que vamos a tener por primera vez en la historia de Chile es una propuesta completa de sanción efectiva para todos los delitos económicos, para todos los delitos denominados de cuello y corbata. Nunca más vamos a tener clases de ética como sanción por delitos económicos”.
“Acá va a haber cárcel efectiva para delitos como la colusión, como el uso y abuso de información privilegiada, incluso para los delitos ambientales. Se establecen penas efectivas, privativas de libertad. Se establecen multas personales de más de 20 millones de dólares, se establecen también el decomiso de todas las ganancias obtenidas fraudulentamente en exceso, se establece también la disolución de las personas jurídicas como sanción”, añadió.
Agregó que “nos parece que estamos dando un paso muy importante, muchas veces la gente se queja con razón que se sanciona el robo, por ejemplo, con penas muy altas, pero los delitos de cuello y corbata no tienen sanción ejemplares. Ahora van a tener sanciones ejemplares.”
Por su parte, la diputada Natalia Castillo señaló que “el mayor aporte de este proyecto es que termina con esta sensación de impunidad en que quienes cometen delitos económicos de gran envergadura no tienen absolutamente ninguna sanción. Hace un tiempo atrás tuvimos sanciones irrisorias para efectos de la colusión de las farmacias, las llamadas clases de ética, y resulta que hoy se investigan nuevos hechos que podrían dar cuenta de una nueva colusión en las farmacias”.
“Si este proyecto hubiese estado aprobado cuando tuvo lugar la colusión del confort, quienes se coludieron habrían arriesgado penas de hasta 15 años de cárcel. No estamos hablando solo de subir las penas, sino que de generar un estatuto completo que sea además coherente con el resto de la legislación chilena y que le de un carácter especial a los delitos económicos por el daño que provocan en la sociedad. Hoy no puede seguir siendo más importante robarse una gallina que coludirse en perjuicio de los chilenos y chilenas”, remarcó.
Finalmente, el diputado Gonzalo Fuenzalida expresó que “hemos hecho un trabajo transversal, porque tenemos una sola mirada y es que los delitos de cuello y corbata no pueden quedar en la impunidad. No pueden quedar con multas que finalmente a los que realizan estos delitos que son grandes empresas que se coluden muchas veces, no les afecta tanto. No les afecta tanto una multa aunque sean varios millones de dólares”.
Precisó que “este proyecto busca que las sanciones sean de verdad, que haya cárcel. Una empresa con otra empresa que se coludan, finalmente sus gerentes generales, las personas que estuvieron en la colusión, tengan cárcel efectiva y multas que efectivamente le peguen directamente al patrimonio de esa empresa y a las utilidades que generó esa colusión”.
