A raíz del crimen de un carabinero mientras realizaba un procedimiento policial en la comuna de Chillán Viejo, el jefe y subjefe de la Bancada UDI, Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, además del diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez, llamaron al Presidente Gabriel Boric a adelantar la Cuenta Pública del 1 de junio para mediados de mayo.

Esto –señalaron-que pueda utilizar dicha instancia para explicarle a los chilenos cómo enfrentará el Gobierno “la ola de violencia y de terrorismo” que afecta al país.

Al respecto, y junto con condenar el homicidio del carabinero, los parlamentarios gremialistas aseguraron que el Ejecutivo “tiene la obligación” de transparentar las políticas y estrategias que adoptarán dado el actual escenario que vive el país, que en las últimas semanas se ha encrudecido con la balacera que se produjo en el Barrio Meiggs y el Persa Bío Bío, además de los reiterados atentados terroristas en la Macrozona Sur.

“No podemos seguir permitiendo estos niveles de violencia desatados en nuestro país. Estamos llegando a un extremo y el Gobierno tiene la obligación de utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para evitar que esta situación se desborde. Y lo tiene que hacer de cara a la ciudadanía, por eso le estamos solicitando adelantar la Cuenta Pública y utilizarse exclusivamente para explicarle a los chilenos cómo van a ponerle un atajo a esta violencia y terrorismo”, señalaron.

En esa línea, Alessandri, Bobadilla y Martínez explicaron que la intención de la solicitud es “que el Gobierno, de manera voluntaria, ingrese un proyecto de ley con suma urgencia para adelantar la fecha del Mensaje Presidencial”.

 De lo contrario, aseguraron que “si no están dispuestos a transparentar a los chilenos su preocupación por lo que estamos viviendo y cómo lo van a enfrentar, como bancada UDI estamos dispuestos a ingresar en las próximas horas una reforma constitucional para que la Cuenta Pública se realice durante la tercera semana de mayo”.

Por último, los parlamentarios gremialistas emplazaron al Ejecutivo, en específico a los ministerios de Interior y Justicia, a “terminar con las señales de impunidad en favor de los delincuentes y terroristas”, agregando que “cuando no solicitan prisión preventiva en contra de quienes dispararon en el Barrio Meiggs y le otorgan beneficios carcelarios a los asesinos del matrimonio Luchsinger-Mackay, los delincuentes y violentistas se empiezan a sentir dueños de los territorios y se producen situaciones como la del joven carabinero de Chillán Viejo que hoy tenemos que lamentar”.