Estados Unidos revocó alrededor de 900 visados temporales en el marco de las medidas administrativas y migratorias impulsadas por la administración Trump. Esto para acabar con el llamado “turismo de parto” después de que el Tribunal Supremo tumbara la orden ejecutiva que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
“Ya se han revocado cerca de 900 visas tan solo desde que se puso en marcha este grupo de trabajo. Y esto se suma a las medidas que hemos adoptado desde el inicio de esta administración para desmantelar las redes de turismo de parto en todo el mundo”, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en una entrevista para la cadena conservadora Newsmax.
Pigott hizo referencia así a un grupo de trabajo puesto en marcha por el Departamento de Estado en estrecha coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto para identificar a aquellas personas que utilicen visados de turista con el objetivo de viajar a EEUU y dar a luz en el país norteamericano.
“Estas redes lucrativas intentan vender la ciudadanía estadounidense”
“Estamos viendo que esto se ha convertido en un fenómeno global. Estas redes lucrativas intentan vender la ciudadanía estadounidense”, indicó. Alegó que dichos esquemas fraudulentos venden la idea de que existe un “mundo sin fronteras” o de “ciudadanía automática” mientras camuflan su estrategia de “turismo de parto”.
Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva en enero que definía al “turismo de parto” como una forma de “socavar la integridad del sistema migratorio”. Esto a fin de obtener “beneficios migratorios permanentes”.
Se apuntaba a que estas personas obtienen visados temporales “para estudios, intercambios, empleo temporal, turismo y otras actividades transitorias”, estableciéndose así en el país para posteriormente aprovechar la ciudadanía de sus hijos en beneficio propio.
Con esta medida, Trump busca restringir el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en Estados Unidos -donde predomina el principio de ‘ius solis’ frente al más común en los países europeos, el ‘ius sanguinis’. Poco después de que el Tribunal Supremo tumbara su orden para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, alegando que violaba la Decimocuarta Enmienda.
