Desde que ocurrió el estallido social el pasado 18 de octubre y los consecuentes desórdenes públicos y violencia derivados de éste, existen 45 personas formalizadas por Ley de Seguridad del Estado a nivel nacional, aunque de éstas sólo 17 se mantienen en prisión preventiva.
Esta normativa, que aumenta las penas en determinados delitos contra el orden público, fue invocada por el Gobierno para sancionar a quienes han protagonizado contra la propiedad pública y privada, como también hacia las personas.
El Ministerio del Interior se hizo parte en las causas de ataques a cuarteles policiales, incendios de subestaciones eléctricas, de estaciones del Metro de Santiago y de iglesias, entre otros ilícitos.
Según La Tercera, los 45 casos se registran en siete regiones del país y los que mayoritariamente se radican en la región de Atacama (14), con un solo imputado en prisión preventiva; la Región Metropolitana (12); y de Coquimbo (5).
De acuerdo a lo informado por el matutino, otro cinco imputados cumplen la medida cautelar de arresto domiciliario y otros 23 están sujetos a firma mensual, arraigo nacional o bajo la supervisión del Sename, en el caso de un menor de edad.
Entre los casos más bullados de la aplicación de esta normativa están el del profesor Roberto Campos, quien estuvo 56 días en prisión preventiva por la destrucción de un torniquete en la estación de Metro San Joaquín; el del concejal de La Calera, Karim Chahuán (RN), detenido por su presunta participación en un saqueo en un centro comercial de la comuna; y manifestantes agrupados en el movimiento “No+Tag”, que bloquearon el tránsito en la comuna de Las Condes el 17 de diciembre pasado.
Esta normativa, que aumenta las penas en determinados delitos contra el orden público, fue invocada por el Gobierno para sancionar a quienes han protagonizado contra la propiedad pública y privada, como también hacia las personas.
El Ministerio del Interior se hizo parte en las causas de ataques a cuarteles policiales, incendios de subestaciones eléctricas, de estaciones del Metro de Santiago y de iglesias, entre otros ilícitos.
Según La Tercera, los 45 casos se registran en siete regiones del país y los que mayoritariamente se radican en la región de Atacama (14), con un solo imputado en prisión preventiva; la Región Metropolitana (12); y de Coquimbo (5).
De acuerdo a lo informado por el matutino, otro cinco imputados cumplen la medida cautelar de arresto domiciliario y otros 23 están sujetos a firma mensual, arraigo nacional o bajo la supervisión del Sename, en el caso de un menor de edad.
Entre los casos más bullados de la aplicación de esta normativa están el del profesor Roberto Campos, quien estuvo 56 días en prisión preventiva por la destrucción de un torniquete en la estación de Metro San Joaquín; el del concejal de La Calera, Karim Chahuán (RN), detenido por su presunta participación en un saqueo en un centro comercial de la comuna; y manifestantes agrupados en el movimiento “No+Tag”, que bloquearon el tránsito en la comuna de Las Condes el 17 de diciembre pasado.
