“Una sola violación a los derechos humanos es grave; sí, pero no cualquiera es un crimen de lesa humanidad”, aseveró el jurista experto en la materia y en litigios internacionales, Francisco Cox, requerido por el escenario que podría enfrentar el Presidente Sebastián Piñera, si fuese acusado de violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales de los ciudadanos por el accionar de Carabineros durante el estallido social.
El abogado fue consultado por La Tercera a raíz de la fallida la acusación constitucional interpuesta por sectores de la oposición contra el Mandatario, por su presunta responsabilidad en lo que estos califican como “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, o las conclusiones de los informes de organismos como Human Rights Watch (HRW) o la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), que califican las denuncias realizadas como graves.
“No creo que el Presidente Sebastián Piñera tenga responsabilidad penal internacional. Tendría que ser una política de violaciones sistemática a los derechos humanos, y esto es súper interesante, porque si ves el estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, si tú ves la nota al pie, lo que dice es que esa política generalmente tiene que ser activa y excepcionalísimamente puede ser omisiva, pero esa omisión tiene que ser voluntaria y para avanzar en dicha política”.
Al respecto, explicó que no se acreditan delitos de lesa humanidad cuando no hay una sistematicidad, destacando que “acá el Estado ha funcionado. Acá no se va a meter la Corte Penal Internacional”.
Es decir, explicó el profesional, “si yo no actúo, pero no lo hago deliberadamente, lo hago porque no puedo o no tengo la capacidad de controlar o porque simplemente no me dan los elementos para hacer eso, no estás cumpliendo con el requisito de que sea una política de Estado o de la organización”.
Cox precisó que “el concepto sistemacidad es técnico, está asociado a los crímenes de lesa humanidad, y eso significa que la comunidad internacional se mete a juzgar esos hechos para sancionarlos penalmente”, explicó quien defendió a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en la acusación constitucional que enfrentó en septiembre y que tampoco prosperó.
Sostuvo también que no cree que eso legue a pasar en Chile, porque “no es cualquier delito. Hay una diferencia entre violación a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Una sola violación a los derechos humanos es grave, sí, pero no cualquier violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad”, insistió.
El abogado Cox reflexionó además que “lo que me llama la atención de esa discusión es como si violaciones graves no fuera suficiente”.
“Disparar balines que causan daños en los ojos, lanzar lacrimógenas al cuerpo, desnudar a mujeres en calabozos son graves violaciones a los derechos humanos. ¡Qué importa si son sistemáticas! Eso te habla de la devaluación del concepto de derechos humanos. Si ya no nos conmueve que sean graves y necesitamos más, necesitamos que sean sistemáticas…”, agregó el jurista al matutino.
El experto en litigios internacionales de este tipo, indicó además que “una estructura que te demuestra un Estado de derecho que está funcionando y que, por lo tanto, sin perjuicio que son violaciones a los derechos humanos graves, no creo que esto genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile”.
Cox fue designado por la ONU -junto con la portuguesa Marta Valiñas y el escocés Paul Seils- para indagar si existen o no “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” en Venezuela.
El abogado fue consultado por La Tercera a raíz de la fallida la acusación constitucional interpuesta por sectores de la oposición contra el Mandatario, por su presunta responsabilidad en lo que estos califican como “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, o las conclusiones de los informes de organismos como Human Rights Watch (HRW) o la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), que califican las denuncias realizadas como graves.
“No creo que el Presidente Sebastián Piñera tenga responsabilidad penal internacional. Tendría que ser una política de violaciones sistemática a los derechos humanos, y esto es súper interesante, porque si ves el estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, si tú ves la nota al pie, lo que dice es que esa política generalmente tiene que ser activa y excepcionalísimamente puede ser omisiva, pero esa omisión tiene que ser voluntaria y para avanzar en dicha política”.
Al respecto, explicó que no se acreditan delitos de lesa humanidad cuando no hay una sistematicidad, destacando que “acá el Estado ha funcionado. Acá no se va a meter la Corte Penal Internacional”.
Es decir, explicó el profesional, “si yo no actúo, pero no lo hago deliberadamente, lo hago porque no puedo o no tengo la capacidad de controlar o porque simplemente no me dan los elementos para hacer eso, no estás cumpliendo con el requisito de que sea una política de Estado o de la organización”.
Cox precisó que “el concepto sistemacidad es técnico, está asociado a los crímenes de lesa humanidad, y eso significa que la comunidad internacional se mete a juzgar esos hechos para sancionarlos penalmente”, explicó quien defendió a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en la acusación constitucional que enfrentó en septiembre y que tampoco prosperó.
Sostuvo también que no cree que eso legue a pasar en Chile, porque “no es cualquier delito. Hay una diferencia entre violación a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Una sola violación a los derechos humanos es grave, sí, pero no cualquier violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad”, insistió.
El abogado Cox reflexionó además que “lo que me llama la atención de esa discusión es como si violaciones graves no fuera suficiente”.
“Disparar balines que causan daños en los ojos, lanzar lacrimógenas al cuerpo, desnudar a mujeres en calabozos son graves violaciones a los derechos humanos. ¡Qué importa si son sistemáticas! Eso te habla de la devaluación del concepto de derechos humanos. Si ya no nos conmueve que sean graves y necesitamos más, necesitamos que sean sistemáticas…”, agregó el jurista al matutino.
El experto en litigios internacionales de este tipo, indicó además que “una estructura que te demuestra un Estado de derecho que está funcionando y que, por lo tanto, sin perjuicio que son violaciones a los derechos humanos graves, no creo que esto genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile”.
Cox fue designado por la ONU -junto con la portuguesa Marta Valiñas y el escocés Paul Seils- para indagar si existen o no “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” en Venezuela.
