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Fiscal de La Araucanía: “Hay menos atentados, pero cada vez más violentos”

Roberto Garrido, en entrevista con Radio Cooperativa, dijo que “creo que el problema de La Araucanía -yo he vivido más de 20 años acá- es bastante complejo, y que requiere de una coordinación permanente entre todas las agencias del Estado”.

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El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo que los ataques en la región han disminuido gracias al estado de excepción constitucional, aunque advirtió que el nivel de violencia se ha incrementado.

Consultado en entrevista con Radio Cooperativa sobre cómo se podría erradicar a los grupos que cometen los atentados, el persecutor reflexionó: “Creo que el problema de La Araucanía -yo he vivido más de 20 años acá- es bastante complejo, y que requiere de una coordinación permanente entre todas las agencias del Estado”.

“Sólo en lo que corresponde a la Fiscalía, que se refiere a la persecución penal, creo que en el último tiempo hemos generado impactos importantes. De hecho, esta última acción (el atentado en Ercilla) es justamente una consecuencia de lo efectiva que ha sido la persecución penal, disminuyendo casi en un 70% los hechos de violencia en comparación con el 2021”, destacó.

Garrido reconoció que “si bien los grupos cometen menos acciones, son cada vez más violentos, y atacan directamente a la población”.

“Entonces, como varía el fenómeno criminal, hay que revisar nuestras políticas de persecución, y enfocarnos en las nuevas formas de comisión de estos delitos, para poder generar una disminución definitiva. Pero la solución final es de otras características, y escapa a lo que nosotros podamos aportar”, aseguró el persecutor.

En cuanto al atentado ocurrido la noche del domingo en el sector de Pidima, el fiscal Garrido apunto a la “finalidad evidente” del mismo, pues “quedó un lienzo en el lugar donde se pide la libertad o la anulación de juicios respecto de personas que han sido condenadas por delitos muy graves, y, además, vinculados -por ejemplo- a robos con intimidación, por ataques a otras personas, o vinculados con la Ley 20.000, por tráfico de marihuana”.

Con ese fin, los responsables “atacaron indiscriminadamente a las personas que circulaban por la Ruta 5 Sur, lo que nos parece que podría dar pie a justificar la existencia de una organización que tiene esta finalidad, y eso podría calzar con la descripción de la Ley Antiterrorista”, norma por la cual se querellará el Gobierno.

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