El Juzgado de Garantía de La Ligua formalizó a tres de los seis imputados por su presunta participación en diversos asaltos ocurridos en la Región de Valparaíso, incluyendo el asalto a la casa del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, ocurrido el 5 de julio.

Durante la audiencia, el fiscal de la Unidad Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Benjamín Santibáñez, acusó que se trata de una banda que operaba en la región, la cual cometió 11 delitos entre junio y julio de este año. Además, detalló que son más de una treintena de personas las que fueron víctimas de esta asociación ilícita.

Según los antecedentes del caso, el primer delito ocurrió el 9 de junio en Zapallar, donde los individuos ingresaron hasta una vivienda en la cual se encontraba una mujer embarazada y su pareja.

Los sujetos amarraron al hombre, lo golpearon y posteriormente robaros diversas especies. Uno de los acusados antes de darse a la fuga abusó sexualmente de la mujer. Debido a esta situación, el fiscal imputó los delitos de robo con violencia e intimidación y robo con violación.

A esto se suma, el asalto a la casa del alcalde Alessandri, contabilizado como el delito número 8 cometido por los sujetos, ocurrido en la madrugada del 5 de julio.

Los individuos encapuchados y premunidos con armas de fuego golpearon al jefe comunal y amarraron a sus tres hijos, para posteriormente robar distintas especias, incluyendo una camioneta que fue quemada más tarde en Reñaca Alto. Por este hecho, se les imputó por robo con violencia e intimidación e incendio.

Al respecto, Alessandri comentó que los imputados “habían salido en libertad el 2023 y ya tienen más de 11 casos formalizados, más otros casos que se siguen estudiando, ahí uno dice en qué país estamos viviendo” y manifestó que “tenemos que tener una defensoría de víctimas, así como ellos tienen la defensoría penal pública”.

En esta línea, llamó al Gobierno “a tomárselo en serio. A no preocuparse sino que a ocuparse. Aquí tenemos que hacer un trabajo a nivel país. Hay hacerlos ya y ahora. Somos los alcaldes quienes estamos tomando el sartén por el mango porque estamos preocupados de nuestros vecinos”.

Finalmente, el tribunal fijo una audiencia para el 20 de diciembre, en la cual se discutirá las medidas cautelares de los tres formalizados, quienes ya se encuentran cumpliendo prisión preventiva por otros delitos.