Gendarmería de Chile identificó 1.282 bandas al interior de recintos penales las que van desde el Tren de Aragua al Cartel de Sinaloa. El coronel Víctor Provoste, subdirector Operativo de la institución penal, detalló la situación carcelaria que se vive en el país.

“Hoy día tenemos detectados a nivel institucional 600 líderes de estas 1.282 bandas, y de estos 600, alrededor de 200 personas están operando desde la unidad penal”, dijo Provoste en Radio ADN.

“Nuestra definición de ‘banda’ la establecemos a través del protocolo de Palermo, que establece que habiendo dos o más individuos que se coordinan para efecto un delito, es considerado una banda”, agregó.

Provoste aclaró que “si bien es cierto que nosotros identificamos 1.282 bandas al interior de las unidades penales, no significa que estas 1.282 estén operando”.

Además, dijo que gracias a esta identificación realizada por Gendarmería “y en base también al trabajo conjunto que hay con el Ministerio Público y las policías, es que se creó el Plan de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado”.

“Este plan busca, a través del trabajo de inteligencia y del manejo de información, combatir precisamente a estos grupos delictivos, que son los que operan dentro de la unidad penal”, agregó.

El subdirector Operativo de Gendarmería también detalló cuáles son las bandas de crimen organizado más peligrosas en el interior de los penales nacionales hoy en día.

“Una de estas es el Tren de Aragua y tenemos identificados a integrantes del cártel de Sinaloa”, indicó.
“Muchas de las investigaciones que lleva el Ministerio Público, y los resultados que estas investigaciones arrojan, son precisamente de datos que aporta Gendarmería a través de este análisis. No es tan simple como decir que el celular que se detecta en ciertas manos se decomisa seguida”, apuntó.

Finalmente, el coronel dijo que “ciertamente que es útil lo que se intercepta en una comunicación desde el exterior de la unidad penal con otro grupo en el exterior. Pero también hay que considerar que hoy día efectivamente el teléfono celular es considerado, a lo menos, institucionalmente como un arma”.

“Y, por lo tanto, frente a la modificación de la ley, lo que estamos haciendo nosotros es mejorar lo propio para poder inhibir esta tecnología, y, por lo tanto, ese teléfono tiene que ser requisado y derivarlo al Ministerio Público para efecto de análisis”, cerró.