El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, participó este martes en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde se discutió el proyecto que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada, y dio a conocer las indicaciones que presentarán desde el Gobierno.

Desde el Ejecutivo aseguraron que si bien esta iniciativa representa un avance, existen modificaciones desde el Gobierno para entregar herramientas más eficaces para enfrentar a estos grupos delictuales.

Dentro de las indicaciones, se encuentran la restructuración del delito de asociación ilícita u organización criminal, estableciendo dos tipos penales: la asociación criminal y asociación delictiva, con el fin de otorgar una definición más concreta de estos ilícitos.

La otra propuesta, es realizar a través de una sistematización el poder armonizar las normas de comiso para los delitos vinculados a la delincuencia organizada, para seguir con la ampliación de los tipos de comiso y complementarlo con las modificaciones generales a la institución establecidas en proyectos de ley que se encuentran en tramitación.

“Lo que necesitamos para el narcotráfico, para la trata de personas o para los robos con fuerza de vehículo, es golpear el patrimonio, el negocio“, aseguró Monsalve, con el objetivo de atacar “los recursos que están detrás del crimen”.

Se proponen mejoras en la aplicación de las técnicas especiales de investigación para combatir al crimen organizado, a través de la aplicación de ciertas herramientas como la interceptación telefónica, grabaciones de imágenes y uso de agentes encubiertos, para los delitos que tengan una pena superior a 3 años y un día.

Dichas herramientas se utilizan, según Monsalve, casi exclusivamente para investigar causas relacionadas al narcotráfico, “pero no en la trata de personas, no en el robo de madera, no en los robos con fuerza de vehículos”, cuando se debería porque “el crimen organizado hoy día coloca en riesgo la seguridad de las personas y el Estado tiene la obligación de dotar a sus instituciones de capacidades para combatirlo”.

Finalmente, se sugerirá una estructura legal y medidas especiales de protección para víctimas y testigo, como reglas generales de protección, la incorporación de reglas para practicar la declaración, protección policial y cambio de identidad, incorporando el régimen establecido en la Ley 20.000.