Aunque puntualizó que no tiene información ni evidencia que pueda catalogar como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el director para América Latina de la organización, sostuvo que los procedimientos de la policía uniformada que han transgredido las garantías fundamentales de las personas constituyen “graves violaciones” de ellas.
“Creemos que los abusos cometidos por Carabineros sobre la base de la información y evidencia que tenemos, no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes, estos casos obedecen a unas conductas que se han ido reiterando: exceso en el uso de la fuerza, de golpizas y apaleos (…), donde los problemas de orden público son resueltos con una fuerza policial que se excede, que comete regularmente abusos en las calles y en los sitios de detención”, sentenció José Miguel Vivanco. Esta es la conclusión que resume el informe dado a conocer este martes por el director para América Latina de Human Rights Watch, y que se desprende de dos semanas de análisis y entrevistas a los protagonistas del estallido social que ha generado preocupación por los efectos en lesiones y vulneraciones a ciudadanos. “Las fuerzas de Carabineros, las fuerzas encargadas de proteger el orden público, en nuestra opinión, cometen en ese tipo de tareas, en esos esfuerzos, graves violaciones a los derechos humanos y es predecible que de no introducirse reformas urgentes en estas prácticas, estos abusos van a continuar”, añadió el representante de HRW. Vivanco agregó que el análisis realizado refleja que “Chile enfrenta una situación de extrema gravedad y precariedad en materia de orden público, no cabe duda alguna, está comprometida la seguridad ciudadana. “Las fuerzas de Carabineros, las fuerzas encargadas de proteger el orden público, en nuestra opinión, cometen en ese tipo de tareas, en esos esfuerzos, graves violaciones a los derechos humanos y es predecible que de no introducirse reformas urgentes en estas prácticas, estos abusos van a continuar”, añadió el representante de HRW. Vivanco agregó que el análisis realizado en el plazo de observación refleja que “Chile enfrenta una situación de extrema gravedad y precariedad en materia de orden público, no cabe duda alguna, está comprometida la seguridad ciudadana. Ello, considerando las denuncias por lesiones -sobre todo oculares-, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles mayoritariamente a las fuerzas de orden y seguridad, respaldadas en 442 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). A esa situación se suman que “factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos”. Ejemplo de ello, indicó el director de HRW, el desconocimiento del general director de Carabineros, Mario Rozas, respecto de la composición real de los perdigones de goma que hirieron a manifestantes en estas semanas, provocando incluso la pérdida de visión o del globo ocular, la imprecisión en el cálculo de la distancia para los disparos del material disuasivo. Añadió también que es cuestionable que la compra de ese armamento dispersivo no se haya hecho por licitación pública, o por qué la tecnología de las cámaras de sus cuarteles no es la óptima para el registro continuo de lo que allí pasa. “Creemos que es un hecho innegable, incuestionable y, evidentemente, hay que tomar las medidas necesarias dentro del Estado de derecho sin cometer abusos para proteger, restablecer el orden público. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.
