La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que ordenó al Fisco a pagar una millonaria indemnización a un profesor que estuvo 21 meses cumpliendo prisión preventiva por cargos de abuso sexual, de los cuales quedó absuelto en el juicio oral.

El tribunal de alzada confirmó el fallo del 12° Juzgado Civil, el cual ordena a la administración fiscal desembolsar $70.000.000 por daño moral y $23.192.598 por lucro cesante a favor del afectado.

Según los antecedentes del caso, el demandante era docente de religión de un liceo de la comuna de San Ramón, siendo en noviembre de 2021 cuando el director del establecimiento lo notificó sobre una acusación en su contra por “tocaciones indebidas” a alumnas.

El hecho fue formalizado y el profesor quedó con la máxima cautelar.

En su fallo, la Corte de Santiago advirtió que en Chile “la responsabilidad de la Administración del Estado evolucionó hasta reconocer la responsabilidad del Estado – Administrador, siendo pacífico en la actualidad que aquella tiene como factor de imputación la ‘falta de servicio’, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él”.

Luego añadió que “ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria”.

“En este sentido, la evolución del Derecho Público, en especial del Derecho Administrativo, permite sostener que existe un conjunto de principios que orientan la actuación de la autoridad, que son diferentes de los que se encuentran presentes en relaciones regidas por el Derecho común, y ello es perfectamente lógico, desde que la naturaleza de las relaciones e intervinientes en ellas parten desde un hecho indesmentible: uno de ellos está investido de autoridad”, complementó.

De esta manera, acogió la demanda donde se condena al Fisco a pagar “la suma equivalente a 22 meses de docencia como profesor de religión, por un monto mensual de $1.054.209 por concepto de lucro cesante más la suma de $70.000.000, a título de daño moral, sumas que deberán ser pagadas debidamente reajustadas conforme la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede en estado firme o ejecutoriada y la fecha del pago efectivo, con los intereses corrientes operaciones reajustables sobre las sumas as actualizadas, desde la misma fecha y su efectiva solución”.

El fallo fue tomado por la Novena Sala, integrada por por la ministra Carolina Brengi, el ministro Tomás Gray y la abogada integrante Cecilia Latorre.