El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aclaró que los beneficios de las pensiones de gracia se otorgaron bajo una glosa de afectación que no involucraba su intervención, desmintiendo su participación en la acreditación de estos beneficios.

Consuelo Contreras, directora del INDH, explicó que el instituto no cumple con las características ni los estándares para acreditar, a pesar de haber señalado esto a los diferentes gobiernos. Sin embargo, la ley de presupuestos los obligó a seguir adelante con el proceso.

Contreras también destacó que nunca les solicitaron más antecedentes de los enviados en las carpetas.

Aunque el INDH aparece como interviniente en la glosa de acreditación, establecida en la ley de presupuestos de 2021 y 2022, que requería la acreditación de víctimas de violencia estatal desde octubre de 2019, no están contemplados en la glosa de afectación que considera beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones.

En julio de 2021, el exdirector del INDH, Sergio Micco, solicitó información al entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien respondió que el procedimiento para solicitar pensiones era simple y desformalizado.

A pesar de que el INDH recopiló antecedentes y acreditó 442 casos, el Ejecutivo entregó las pensiones basándose en las amplias facultades del Presidente establecidas en la ley.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, insistió en que no era necesario pedir antecedentes penales para otorgar pensiones de gracia y anunció la revocación de pensiones a personas con antecedentes penales, decisión que revisará el Presidente durante el día.

El senador Javier Macaya (UDI) señaló que este modus operandi fue impulsado desde la izquierda y consideró un premio a personas que participaron en hechos violentos, afectando tanto a individuos como a la institución de Carabineros.