El futuro ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, reiteró que la nueva administración no renovará el Estado de Excepción en la Macrozona Sur y criticó el despliegue de efectivos del Ejército en las regiones del Biobío y La Araucanía.

En entrevista con Radio ADN, el actual diputado sostuvo que “la solución de tener al Ejército desplegado en una región para tratar de mantener una aparente situación de paz es absolutamente insostenible”.

Afirmó que “cuando se habla de que ahora hay mayor tranquilidad por el Estado de Excepción, nosotros no lo compartimos, porque quizás hay menos camiones incendiados, pero se ha registrado una mayor cantidad de pérdida de vidas”, respaldando las expresiones de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, quien dijo que los hechos de violencia habían aumentado en la zona en las últimas semanas.

Agregó que “hemos tenido cuatro personas muertas en este conflicto en la Macrozona Sur, las que se producen con el Estado de Excepción, cuando previamente esto no ocurría”.

“Si queremos cambios en la Araucanía, hay que hacer cosas distintas. Si seguimos insistiendo en lo mismo, es difícil esperar resultados distintos”, manifestó el actual parlamentario.

“Nosotros vamos a tener la oportunidad de poder construir, después de 200 años, una forma de entendimiento que nos permita vivir en paz en La Araucanía y el Biobío”, añadió.

Jackson criticó que el tema se haya transformado en una polémica con el gobierno actual, ya que “en todas las votaciones de la Cámara, desde el primer momento, hemos votado en contra. Yo entiendo que la futura oposición busque generar un clima distinto, pero ha sido nuestra postura todo el tiempo”.

El futuro titular de la Segpres, además, indicó que espera que cuando asuma su cargo los proyectos relacionados con la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el indulto a los detenidos del estallido social ya estén resueltos.

Aseveró que “si es que se aprueba (la PGU) como está ahora, vamos a heredar un problema que tenemos que solucionar rápidamente con mayores fuentes de financiamiento, que provengan de los sectores de mayores ingresos y no de la población general”.

Sobre la segunda iniciativa, añadió que “esperamos que tengamos una solución para quienes han estado tanto tiempo privados de libertad en el contexto de la revuelta”.