Este lunes la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó reabrir la causa judicial que investigaba un esquema discrecional de vacunación contra el Covid-19 para funcionarios y allegados al gobierno de Alberto Fernández, que había sido cerrada por una jueza de primera instancia.

El tribunal ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti reabrir la pesquisa que había archivado parcialmente en julio, por inexistencia de delito y profundizar la investigación sobre los involucrados en el llamado “vacunatorio VIP”. De igual modo, llamó a investigar a las decenas de personas que recibieron vacunas dentro del Ministerio de Salud y en un hospital de las afueras de la capital antes de lo que les correspondía, saltándose turnos.

El escándalo del “vacunatorio VIP” generó en febrero la renuncia del entonces ministro de Salud trasandino Ginés González García y golpeó fuertemente la imagen de Alberto Fernández. El jefe de Estado remarcó entonces que le había pedido la dimisión al funcionario, porque lo ocurrido había sido “imperdonable”.

Al cerrar la causa, la jueza enfatizó que de los 70 vacunados que informó el Gobierno (entre ellos diputados, senadores, funcionarios, periodistas y empresarios) cinco únicamente serían investigados, entre ellos dos hijas del expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003).

Capuchetti precisó además que no existe un delito penal que castigue a un funcionario por haber violado una conducta ética y haber dado “tratos especiales” a quienes, por ser adultos mayores de 60 años, integraban uno de los grupos prioritarios para recibir los inmunizantes, lo que -según apuntó- era el caso de muchos de los favorecidos.