El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio rechazó el pasado miércoles el arresto domiciliario requerido contra el expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) no obstante, ordenó el impedimento de salida del país por 9 meses, mientras es procesado debido a la muerte de seis personas en Pativilca, en 1992.

La resolución del juzgado peruano rechazó lo argumentado por la fiscalía, quien señalaba que el exmandatario no tiene “ninguna medida coercitiva” que pueda evitar su fuga, luego de ser encarcelado en diciembre por el Tribunal Constitucional.

El martes, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad formalizó la petición para que se ordene la detención domiciliaria durante 18 meses, solicitud que fue rechazada por Fujimori al considerar que vulneraba sus derechos a la libertad y a la protección de salud.

Producto de los 85 años del exmandatario, la Fiscalía consideró que la detención domiciliaria sería lo más “acorde con la situación”, evitando así “el peligro de fuga”, ya que no existe información relacionada al arraigo domiciliario, laboral ni la titularidad de bienes del acusado. Frente a ello, según consignó Radio Biobío, el abogado del expresidente, Elio Riera, solicitó la improcedencia del pedido fiscal, asegurando que sí posee arraigo domiciliario en la casa de su hija Keiko Fujimori.

“Nos encontramos ante un pedido que tiene que ser declarado improcedente”, declaró el abogado, indicando que el requerimiento tiene “graves errores de forma y fondo”.

De manera telemática, Fujimori indicó que la detención domiciliaria sería para él “más que una prisión preventiva”, añadiendo que se encuentra calificado como un “paciente de alto riesgo” y aseguró que no ha realizado ningún trámite para la obtención de un pasaporte.

“Le aseguro que yo renuncio a la obtención de este pasaporte mediante este escrito y cualquier otro procedimiento”, indicó al juez.

Por su parte, el exasesor del gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue sentenciado el pasado miércoles a 19 años y 8 meses, tras aceptar la acusación por los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada, condena que ya está cumplida en sus 22 años de cárcel, según apuntó la magistrada Miluska Cano.

La acción legal se desarrolla contra Alberto Fujimori, Montesinos, el antiguo líder de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos y el exgeneral Luis Pérez Documet, junto con los integrantes del grupo Colina.