Una querella contra quienes resulten responsables del delito de sustracción y suspensión de documentos a raíz de la quema de archivos, microfilms e informes que manejó la Central Nacional de Informaciones (CNI), entre los años 1980 y 1982, al interior del Ejército de Chile, presentó este jueves la agrupación Londres 38.
Esto, luego de conocerse una investigación al interior de la rama castrense en que se reconoce la destrucción de esta documentación que podría haber resultado clave para numerosos casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “La información destruida pudo corresponder a los años 1973 a 1990, por cuanto se menciona información archivada y no necesariamente de las acciones operativas realizadas esos años”, remarcó en un comunicado la agrupación, cuyos representantes recurrieron a tribunales en compañía de los abogados de derechos humanos, Magdalena Garcés y Sebastián Velásquez.
Subrayaron que la investigación sumaria corrobora la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de informes podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA). Según Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales “para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”. La acción judicial se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia llevada a cabo por el sitio de memoria, que busca relevar la necesidad de realizar todas las acciones que permitan establecer la verdad y la justicia en los miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones durante el régimen militar.
Esto, luego de conocerse una investigación al interior de la rama castrense en que se reconoce la destrucción de esta documentación que podría haber resultado clave para numerosos casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “La información destruida pudo corresponder a los años 1973 a 1990, por cuanto se menciona información archivada y no necesariamente de las acciones operativas realizadas esos años”, remarcó en un comunicado la agrupación, cuyos representantes recurrieron a tribunales en compañía de los abogados de derechos humanos, Magdalena Garcés y Sebastián Velásquez.
Subrayaron que la investigación sumaria corrobora la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de informes podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA). Según Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales “para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”. La acción judicial se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia llevada a cabo por el sitio de memoria, que busca relevar la necesidad de realizar todas las acciones que permitan establecer la verdad y la justicia en los miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones durante el régimen militar.
