Por una salida alternativa que le evitó una condena de 4 años de presidio y una multa de 40 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de $23 millones que pedía la fiscalía, optó el exministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, Lorence Golborne.
Al otrora ministro de Minería se le acusó de haber gestionado la emisión de boletas a Penta y otras empresas para pagar sus gastos de campaña presidencial y senatorial por cerca de $370 millones cuando ya no estaba en el Gobierno.
Aunque el Tribunal Constitucional había rechazado el recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del también exprecandidato presidencial de la UDI (2013), permitiendo esa arista del caso que lo involucraba continuara su curso, finalmente optó por un procedimiento abreviado.
Esto quiere decir que el imputado admite su responsabilidad en los hechos tributarios que se le imputan, colabora y accede a esta modalidad para evitar la cárcel y la sanción pecuniaria más alta, acotándola en su caso al pago de $11 millones de pesos, el pasado 3 de septiembre. Según La Tercera, el acuerdo con el Ministerio Público, fue visado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando fuera del mediático caso que generó un desfile de políticos y empresarios en los tribuales por delitos tributarios entre los que contaban facturas o boletas ideológicamente falsas.
Finalmente, el 5 de septiembre quien liderara el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José de la región de Atacama, pagó $11.440.000 en la Tesorería General de la República.
De esta forma, y de no cometer algún delito durante un año, será sobreseído de la causa que cuando se supo que estaba vinculado le costó su postulación para ser el abanderado de la UDI en las primarias presidenciales con sus socios de RN. El Caso Penta destapó complejos esquemas de financiamiento ilegal de partidos políticos tanto de izquierda y derecha, y que en su mayoría han terminado en acuerdos con la Fiscalía, el cierre de los procesos sin sanción y ninguno de los acusados en la cárcel.
De hecho, los líderes del poderoso grupo económico, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueron condenados a cursar clases de ética tras destaparse el escándalo de financiamiento ilegal de campañas políticas.
Aunque el Tribunal Constitucional había rechazado el recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del también exprecandidato presidencial de la UDI (2013), permitiendo esa arista del caso que lo involucraba continuara su curso, finalmente optó por un procedimiento abreviado.
Esto quiere decir que el imputado admite su responsabilidad en los hechos tributarios que se le imputan, colabora y accede a esta modalidad para evitar la cárcel y la sanción pecuniaria más alta, acotándola en su caso al pago de $11 millones de pesos, el pasado 3 de septiembre. Según La Tercera, el acuerdo con el Ministerio Público, fue visado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando fuera del mediático caso que generó un desfile de políticos y empresarios en los tribuales por delitos tributarios entre los que contaban facturas o boletas ideológicamente falsas.
Finalmente, el 5 de septiembre quien liderara el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José de la región de Atacama, pagó $11.440.000 en la Tesorería General de la República.
De esta forma, y de no cometer algún delito durante un año, será sobreseído de la causa que cuando se supo que estaba vinculado le costó su postulación para ser el abanderado de la UDI en las primarias presidenciales con sus socios de RN. El Caso Penta destapó complejos esquemas de financiamiento ilegal de partidos políticos tanto de izquierda y derecha, y que en su mayoría han terminado en acuerdos con la Fiscalía, el cierre de los procesos sin sanción y ninguno de los acusados en la cárcel.
De hecho, los líderes del poderoso grupo económico, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueron condenados a cursar clases de ética tras destaparse el escándalo de financiamiento ilegal de campañas políticas.
