El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó para este miércoles, a contar de las 11 horas, la realización de la audiencia para discutir el juicio abreviado al que sería sometido Luis Castillo, indultado por el Presidente Boric en 2022, y que enfrenta cargos por secuestro extorsivo y robo con violencia, ambos delitos ocurridos en diciembre del año pasado.

Según publica en esta jornada El Mercurio, el caso de Luis Castillo es particularmente complejo para el Gobierno debido a que se estaría confirmando la primera reincidencia, por ahora conocida, de uno de los beneficiados por el Mandatarioy cuya detención implicó la reactivación de la crisis política y los cuestionamientos que trajo su decisión de liberarlo por delitos en el marco del estallido social de octubre de 2019, junto a otros 11 condenados.

Otro antecedente que agrega el mismo medio es que el caso está marcado por el silencio del Jefe de Estao. Solo en diciembre de 2022 señaló que se trataba de “jóvenes que no son delincuentes”, sin embargo, desde ese momento no ha vuelto a referirse al tema, pese a la detención de Castillo.

NEGOCIACIONES

La realización de un juicio abreviado fue solicitado por el fiscal adjunto de Copiapó, Sebastián Coya, y el defensor público de Luis Castillo, Andrés Guerrero, al tribunal en un escrito que data del 21 de marzo pasado.

Pero la Defensoría Penal Pública, agrega El Mercurio, solicitará un cambio en la fecha de la audiencia programada, ya que las conversaciones con la Fiscalía no han finalizado para acordar qué delitos reconocerá Castillo y la pena a la que será sometido, aunque para acceder a este tipo de juicio, esta no puede superar los cinco años.

La solicitud conjunta entre el fiscal y el defensor de Castillo consigna que “las penas que ofrece la fiscalía, sin perjuicio de las penas sustitutivas que procedan”, son de cuatro años para Castillo y cinco para Claudia Morales Campillay, imputada por los mismos delitos.

REO CON ALTO COMPROMISO DELICTUAL

De acuerdo con lo que publica El Mercurio respecto a la citación hecha por el tribunal para la audiencia de Castillo, el Juzgado de Garantía de Copiapó señaló: “Realícese la respectiva coordinación por Gendarmería del Centro Penitenciario de La Serena a objeto de asegurar la comparecencia del imputado mediante fono o videoconferencia, con los debidos resguardos”.

En diciembre del año pasado, el mismo tribunal ordenó el traslado de Castillo a dicho recinto de La Serena, a solicitud de Gendarmería, decisión que fue confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones de Copiapó, debido a que la entidad penitenciaria calificó a Castillo como “un reo peligroso” y con alto compromiso delictual, en oficios enviados al tribunal.

Estos documentos consignan que Castillo cuenta con “nexos políticos, además de autosindicarse como un insurrecto, debido a su participación en grupos radicales violentos el año 2019 y también vinculado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)”.

También los oficios dan cuenta que Castillo “participa en forma activa de grupos anarquistas antisistémicos, lo que lo sitúa como un interno totalmente refractario al régimen penal”.

Los mismos informes señalan que Castillo es un reo “capaz de vulnerar la seguridad del establecimiento”, recordando un intento de fuga en 2006.

De conformarse una nueva pena para Luis Castillo, existiría un proceso de determinación de la pena, ya que podría adicionarse lo que restaba de su condena de 2021 a cuatro años de privación de libertad por distintos delitos en el marco del estallido de 2019.