El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que la eventual alza en la tarifa del transporte público no será “súbita ni significativa” y que será pensando en “la situación económica de los hogares”.

El valor de la locomoción lleva tres años congelada después de que el último aumento desatara las protestas del estallido social en octubre del 2019. Aunque desde Apruebo Dignidad pidieron no aumentar el precio, el Presidente Gabriel Boric afirmó que mantener el congelamiento “no es posible” y todo apunta a que en 2023 se concretará el incremento.

Marcel señaló que “no es posible mantener de manera indefinida precios en la economía, tienen que ser capaz de adaptarse e ir recogiendo los costos de distintas actividades, salvo que el Estado subsidie permanentemente y crecientemente a una actividad”.

“Por supuesto, los recursos públicos tienen usos alternativos. El Estado no tiene recursos ilimitados y tienen que ser capaz de priorizar”, acusó.

El secretario de Estado señaló que “en un escenario como este, donde las tarifas del transporte público por más de dos años, por supuesto que la normalización tendrá que hacerse con oportunidad, gradualidad y debida consideración de la situación económica de los hogares”.

Tras subrayar que “es el ministro de Transporte (Juan Carlos Muñoz) el responsable de esa materia”, el titular de Hacienda aclaró que “es un tema que forma parte de un proyecto de ley que está en discusión en el Congreso, así que él será quien en definitiva informe más específicamente sobre cómo puede irse produciendo y cuando esta normalización”.

Pese a ello, aseveró que “podemos asegurar, sin embargo, es que no vamos a tener ningún alza súbita y significativa. No hay alzas inminentes, este es un proceso gradual que se desarrollará durante un periodo prudentemente prolongado de tiempo”.

De esta manera, Marcel envió un mensaje a la población: “No hay que preocuparse, en el sentido de que no vamos a tener alzas repentinas ni bruscas del transporte colectivo. Lo que se haga, se hará con gradualidad, prudencia, respeto y consideración a la situación económica a los hogares”.