El ministro Martín Arrau, entregó detalles de reforma constitucional que el Gobierno ingresará este martes dentro de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Esta contempla incorporar la seguridad pública como mandato del Estado, crear un registro de organizaciones criminales y establecer un nuevo estado de excepción de seguridad pública.
“La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo incluye una serie de proyectos de ley, incluso de reformas constitucionales. Como la de los 180 días de retención migratoria que va avanzando. Y una segunda que va a ingresar en estos días”, señaló Arrau en punto de prensa tras el comité político en La Moneda.
Precisó que la reforma constitucional que se enviará al Congreso contempla tres elementos centrales. “Primero, incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional, un deber del Estado”, comenzó detallando.
“Lo segundo, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, con un régimen penitenciario especial. Evitando tener que demostrar la existencia del mismo cada vez. Y ahí es donde queremos que en una ley especial se discuta la posibilidad de restringir el acceso a algunos beneficios sociales en una ley especial. Y para eso se requiere algún grado de habilitación (constitucional)”, agregó.
Añadió que “en último término, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública”.
“El proyecto se ha ido puliendo, mejorando”
“Eso es lo que hemos discutido, y agradezco este diálogo prelegislativo que hemos tenido intensamente en estos días. Donde el proyecto, por supuesto, que se ha ido puliendo, mejorando. Y va a ser ingresado en los términos que se ha ido señalando y que serán públicos el día de mañana”, enfatizó.
Consultado si habrá perdidas de derechos para los condenados, como los de salud, respondió que “lo que establecemos es que, tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos o para ser director de escuela”.
“Va a incorporar la posibilidad que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares, no generales”, agregó.
Concluyó relatando que la propuesta restringiría “algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero y, por tanto, van a quedar entregadas a una discusión de una ley particular con la necesaria habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo”.
