“No se harán más traslados sin autorización sanitaria y sin PCR”, aseguró este viernes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, frente a la preocupación de los funcionarios penitenciarios respecto a la efectividad de los protocolos de seguridad para los desplazamientos de los reos de un recinto penal a otro que deben realizar y así evitar los contagios por coronavirus.

El secretario de Estado compareció virtualmente ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que lo invitó a exponer respecto de esta materia que inquieta a los efectivos de Gendarmería que cumplen esas funciones, oportunidad en la que recalcó que tras un acuerdo con el Ministerio de Salud, el test se realizará “todas las veces que sea necesario”.

Por su parte, el director nacional de la institución, Christian Alveal, explicó que durante este tiempo, “hemos intentado hacer una gestión que tranquilice a la comunidad penal y a sus familias, junto a los funcionarios”.

Explicó que, como existía una imposibilidad de contar con los test, previo a los traslados, se realizaba una encuesta sanitaria a las y los reclusos, para detectar sintomatología sospechosa de Covid-19. Además, al llegar a un nuevo espacio, las personas trasladadas permanecían en cuarentena.

La autoridad puntualizó en la necesidad de realizar estos traslados, poniendo como ejemplo la situación del recinto Santiago 1, donde, de no haberse implementado la medida, existirían más de dos mil 300 internos sin un lugar donde dormir.

Agregó que se han contratado 53 personas para apoyar la atención de salud de los recintos e informó el detalle de compras y donaciones de insumos y elementos de protección.

Frente a lo señalado por el director de Gendarmería, el diputado René Saffirio (IND) explicó que “nadie ha cuestionado los traslados”, pues se entiende que el servicio tiene que hacerlos por los cupos en los centros.

“El cuestionamiento tiene que ver con la forma. No puede ser que en una pandemia, en que el mayor peligro que existe es el incremento de los contagios, funcionarios, reclusos e internos sean trasladados sin PCR previo”, explicó.

Respaldando esta crítica, el diputado Marcos Ilabaca (PS) agregó la preocupación de que implementos de seguridad como cascos, chalecos y armamento antimotines no sean de uso personal y no tengan procesos de sanitización.

Además, alertó del grave riesgo que genera a la seguridad pública del país, el alto número de funcionarios contagiados.

La instancia analizó en sesión secreta la entrega de teléfonos celulares a las y los internos, en reemplazo de las visitas que se encuentran suspendidas. El ministro explicó que son conscientes del riesgo que implica la medida, por lo que han tomado los resguardos necesarios para que no exista un mal uso.