El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, nombró al ministro Mauricio Silva para que reciba la prueba en el proceso de remoción del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, solicitada por el fiscal nacional Jorge Abbott.
El presidente Brito, además, fijó audiencias para recibir la prueba ofrecida por las partes en el proceso, para las 9:00 horas del jueves 19 y viernes 20 de diciembre próximos, diligencia que se realizará en el Palacio de los Tribunales de Santiago.
“El ministro señor Silva Cancino podrá disponer todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al encargo, determinando el orden de recepción de la prueba y resolviendo los incidentes que se planteen con ocasión de su rendición, quedando facultando para fijar tantas audiencias como sean necesarias para ello, siempre que el impedimento para concluir en las fechas indicadas no sea imputable al oferente de la prueba pendiente”, sostiene la resolución.
El 14 de octubre pasado, en representación del fiscal nacional, la abogada Marisol Peña presentó en la Corte Suprema la solicitud de destitución en contra de Arias.
Según explicó la abogada Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, la solicitud se basó en dos causales que la Constitución: mal comportamiento y la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
“Creemos y tenemos la esperanza de que vamos a sortear con éxito la fase de admisibilidad, toda vez que se han señalado en forma muy precisa y detallada ocho hechos en el caso del mal comportamiento y cuatro hechos adicionales en el caso de la negligencia manifiesta que fundamentan la petición del fiscal nacional”, señaló en esa oportunidad.
En el detalle de la solicitud se señala que Arias históricamente, y en su rol como fiscal regional, ha incurrido en actos imprudentes, varios de ellos relacionados a la emisión de juicios de valor respecto de hechos que se encuentran en etapa de investigación y con diligencias pendientes y su participación en entrevistas a medios, sin informar previamente al Fiscal Nacional, contraviniendo las instrucciones establecidas por su superior jerárquico.
Adicionalmente, se indican otros hechos relativos a su mal comportamiento como la instrucción de abrir, por oficio, una investigación que lo ubica a él como víctima del ilícito investigado y por lo tanto, la omisión de reportar el hecho -además de inhabilitarse-, tal como indica el artículo 56 de la Ley N° 19.640.
También, se incorporaron en la solicitud el haber ordenado a un funcionario informar a un periodista antecedentes reservados del caso Iglesia, negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el Caso Caval y disponer del vehículo fiscal y de su chofer para fines particulares.
Respecto de los hechos que dicen relación con la negligencia manifiesta, el escrito hace referencia a dos investigaciones administrativas, de 2016 y 2017, en las que se acreditaron infracciones cometidas por el Fiscal Regional de O’Higgins relacionadas con la filtración de información confidencial, tanto a medios de comunicación como a terceros ajenos a las investigaciones encargadas por Arias.
Otra de las razones añadidas a la solicitud de remoción es, como consignan los antecedentes, “su evidente falta de interés o displicencia en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el cargo que sirve”, refiriéndose a su reiterada ausencia a las sesiones ordinarias del Consejo General de Fiscales, al que solo ha asistido en cuatro de las nueve las sesiones llevadas a cabo desde su nombramiento como fiscal regional.
El presidente Brito, además, fijó audiencias para recibir la prueba ofrecida por las partes en el proceso, para las 9:00 horas del jueves 19 y viernes 20 de diciembre próximos, diligencia que se realizará en el Palacio de los Tribunales de Santiago.
“El ministro señor Silva Cancino podrá disponer todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al encargo, determinando el orden de recepción de la prueba y resolviendo los incidentes que se planteen con ocasión de su rendición, quedando facultando para fijar tantas audiencias como sean necesarias para ello, siempre que el impedimento para concluir en las fechas indicadas no sea imputable al oferente de la prueba pendiente”, sostiene la resolución.
El 14 de octubre pasado, en representación del fiscal nacional, la abogada Marisol Peña presentó en la Corte Suprema la solicitud de destitución en contra de Arias.
Según explicó la abogada Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, la solicitud se basó en dos causales que la Constitución: mal comportamiento y la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
“Creemos y tenemos la esperanza de que vamos a sortear con éxito la fase de admisibilidad, toda vez que se han señalado en forma muy precisa y detallada ocho hechos en el caso del mal comportamiento y cuatro hechos adicionales en el caso de la negligencia manifiesta que fundamentan la petición del fiscal nacional”, señaló en esa oportunidad.
En el detalle de la solicitud se señala que Arias históricamente, y en su rol como fiscal regional, ha incurrido en actos imprudentes, varios de ellos relacionados a la emisión de juicios de valor respecto de hechos que se encuentran en etapa de investigación y con diligencias pendientes y su participación en entrevistas a medios, sin informar previamente al Fiscal Nacional, contraviniendo las instrucciones establecidas por su superior jerárquico.
Adicionalmente, se indican otros hechos relativos a su mal comportamiento como la instrucción de abrir, por oficio, una investigación que lo ubica a él como víctima del ilícito investigado y por lo tanto, la omisión de reportar el hecho -además de inhabilitarse-, tal como indica el artículo 56 de la Ley N° 19.640.
También, se incorporaron en la solicitud el haber ordenado a un funcionario informar a un periodista antecedentes reservados del caso Iglesia, negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el Caso Caval y disponer del vehículo fiscal y de su chofer para fines particulares.
Respecto de los hechos que dicen relación con la negligencia manifiesta, el escrito hace referencia a dos investigaciones administrativas, de 2016 y 2017, en las que se acreditaron infracciones cometidas por el Fiscal Regional de O’Higgins relacionadas con la filtración de información confidencial, tanto a medios de comunicación como a terceros ajenos a las investigaciones encargadas por Arias.
Otra de las razones añadidas a la solicitud de remoción es, como consignan los antecedentes, “su evidente falta de interés o displicencia en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el cargo que sirve”, refiriéndose a su reiterada ausencia a las sesiones ordinarias del Consejo General de Fiscales, al que solo ha asistido en cuatro de las nueve las sesiones llevadas a cabo desde su nombramiento como fiscal regional.
