Polémica generó el pasado miércoles una decisión tomada por Nicaragua, tras disponer la disolución de la Cruz Roja en el país, transformándola a partir de ahora en un ente adscrito al Estado. Esta medida que se determinó luego de que el gobierno acusara a la organización de violar la neutralidad en las protestas de 2018.
La resolución adoptada unánimemente por la Asamblea Nacional, regida por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega, indicó “derogase el Decreto Legislativo número 357 […] del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense”.
En la misma línea, esta norma del parlamento ordenó la creación de un “ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”, adscrito al Ministerio de Salud en reemplazo de la Cruz Roja.
En total, ya son más de 2.000 las organizaciones privadas que han sido proscritas en Nicaragua, las cuales han sido acusadas por supuestamente violar leyes, en donde también se incluye a organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.
Concretamente en este caso, algunos diputados oficialistas aseguraron que la Cruz Roja transgredió las leyes sobre organismos sin fines de lucro y el principio de neutralidad de la institución humanitaria, fundada el año 1863 en Ginebra, con el fin de proteger a las víctimas de conflictos armados.
En el 2018 las protestas contra el gobierno de Ortega se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, y en su momento hubo bloqueos de carreteras, y enfrentamientos entre manifestantes opositores y oficialistas, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Desde el régimen consideraron las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, y en contraparte, organismos internacionales acusaron al ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.
