Se lanzó este viernes el informe en español de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre “La protección y la promoción del espacio cívico”, en el patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda y en compañía de representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El documento resume la investigación que se realizó en 52 países y lleva sus conclusiones a las naciones latinoamericanas en cuatro áreas clave: la protección de las libertades civiles; el acceso a la información; libertades de prensa y espacio cívico en línea; y un entorno propicio para la sociedad civil.

“Nos complace lanzar este importante informe en Chile, un país miembro que ha priorizado la búsqueda de consensos y la participación ciudadana reflejando un amplio compromiso político con los valores democráticos”, señaló Carlos Santiso, jefe de la división de Gobierno Digital, Innovador y Abierto de la OCDE.

Santiso explicó que este informe recalca la importancia de un “espacio cívico vibrante para el diálogo democrático y la confianza en las instituciones, en particular en nuestra era digital marcada por una creciente polarización. Estos son temas que el gobierno de Chile también ha impulsado en la misma OCDE, un organismo multilateral que provee espacios de reflexión y de diálogo de políticas para mejorar vidas”.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, fueron parte de la presentación del documento que indaga en las condiciones del espacio cívico en distintos gobiernos, entendiéndolo como el contexto que permite que las personas puedan participar en las decisiones que influyen en sus propias vidas, involucrándose en alianza con los órganos de Estado, en la búsqueda y construcción de soluciones a sus necesidades.

En esta instancia, Vallejo destacó que “los problemas de nuestras democracias se tienen que solucionar con más democracia y nunca con menos. Y esto es algo que tenemos que repetir todos los días en estos momentos de la historia. Por ello es que se está lanzando este informe aquí en Chile, en uno de los patios del Palacio de La Moneda”.

Por su parte, Elizalde abordó la hoja de ruta que traza, a partir de sus recomendaciones, este informe y sostuvo que “facilitar la participación ciudadana y la comunicación efectiva con el Gobierno otorga la posibilidad de incidir en la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas. También, ayuda a acercar las decisiones y alinear los planes del Gobierno con las demandas y las necesidades de la ciudadanía”.

“Proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación por tanto no es sólo un mandato constitucional, sino que hace más probable este círculo virtuoso de confianza, legitimidad y efectividad gubernamental. De allí el entusiasmo con que recibimos y aplaudimos este informe”, agregó.