Un llamado a terminar con la “judicialización de la política” y a dirimir las diferencias en las urnas realizó este miércoles el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Esto luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazara el requerimiento que buscaba destituirlo.
“Con el fallo de ayer se cierra definitivamente un ciclo que partió hace más de un año y medio. Con acusaciones absolutamente falsas e intencionadas políticamente de parte de un grupo de consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI”, manifestó el gobernador en un punto de prensa.
Acompañado por ediles y consejeros de oposición, el gobernador agradeció a “alcaldes de distintos colores políticos”. Además de representantes del Gobierno Regional (GORE) de sectores contrarios al Ejecutivo y “también de Renovación Nacional”.
“En política no todo vale”
“En política no todo vale. Con lo de ayer se suman ya 10 instituciones del Estado, autónomas e independientes, que de manera categórica han señalado lo que nosotros venimos diciendo desde el día 1. Que es que siempre hemos cumplido nuestras obligaciones con estricto apego al Estado de Derecho. A la probidad y por supuesto a lo que establece la Constitución y las leyes”, afirmó Orrego.
El gobernador llamó a terminar con “esto de judicializar la política. Les quiero decir fuerte y claro que si quieren gobernar la Región Metropolitana van a tener que ganar elecciones en la urna y no llegar por secretariado”.
Agregó que “intentaron sacarme de la política y dañarme a mí como persona, pero lograron algo mucho más grave que fue dañar la reputación de una institución noble como el Gobierno Regional. Compuesta por funcionarios de carrera que hacen un tremendo trabajo. Y lo más grave, lograron dañar la confianza que es la base de la democracia”.
El Tricel rechazó por 3 votos contra 2 el requerimiento
Según se conoció anoche, el Tricel rechazó por 3 votos contra 2 el requerimiento presentado en 2025 por consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI. Estebuscaba destituirlo por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña para la reelección al cargo.
La Contraloría determinó que Orrego había utilizado recursos públicos (31 millones de pesos) para el financiamiento de diferentes sesiones de charlas (coaching) con fines electorales durante la campaña de Orrego en 2025.
Sin embargo, la Fiscalía Metropolitana Oriente comunicó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar esta causa, la última pendiente contra Orrego, por estimar que no había delitos.
