Los diputados de Renovación Nacional (RN) integrantes de la Comisión de Educación, Hugo Rey y Marcia Raphael, junto a Carla Morales y Diego Schalper, solicitaron a la Contraloría General que instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) luego del retraso en el proceso de licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación Párvulos (PAP), como también del proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).

La situación “podría significar un complejo escenario de cobertura en el otorgamiento de las raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, lo que constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, indica el parlamentario Hugo Rey.

En tanto, Schalper, dijo que “junto a los diputados Rey, Raphael y Morales, hemos solicitado que la Contraloría investigue a fondo lo que está pasando en la Junaeb. Este gobierno no tiene acostumbrados a tapar con la palabra ‘desprolijidad’, lo que son incompetencias graves que afectan a los chilenos. En este caso, miles de niños quedarán sin su computador a tiempo, y arriesgan sus becas de alimentación. Es hora de que se hagan responsables”.

Respecto de los programas PAE y PAP, se establecen que han existido tres licitaciones y que, con la llegada de la nueva directora, Camila Rubio, en agosto, se han introducido cambios para hacer frente al alza de los alimentos y que sería uno de los problemas para proceder a la adjudicación y que ahora se intenta controlar el precio, generar más competencia e incorporar a compañías pequeñas.

Producto además de las condiciones de postulación de las empresas, se presentó ante el Tribunal de Contratación Pública, basado en un supuesto actuar “ilegal y arbitrario” por parte de Junaeb al excluir deliberadamente a empresas de mayor tamaño y que habían sido parte de licitaciones anteriores.

Por lo anterior, se estableció un plazo de postulación hasta el 19 de enero, lo que implicaría -para los parlamentarios- que sea difícil que se cumpla con los plazos para dar cumplimiento a la compra y distribución de las raciones.

Respecto de la beca Baes que aumentó en $5.000, su licitación fue declarada desierta y no se ha vuelto a efectuar una nueva convocatoria.

Para Rey, lo que está sucediendo “es alarmante y merece profundos cuestionamientos que el Estado, contando con los recursos suficientes para llevar adelante los procesos de licitación, llegue al punto de precarizar las condiciones alimenticias de millones de niños, niñas y adolescentes -en especial de aquellos con menores recursos- que esperan que dicha prestación sea proveída por el Estado en el marco del programa educacional”.

Para los parlamentarios queda en “evidencia una transgresión al principio de celeridad que rige para los procedimientos administrativos y a los principios de eficiencia y eficacia que son reconocidos en nuestro ordenamiento a través de la Ley N° 18.575, constituyendo un imperativo para la Administración, cuya inobservancia puede llegar a constituir una transgresión del principio de probidad administrativa, el cual se encuentra extensamente recogido en nuestra Constitución y en leyes que informan la función pública como la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Además, el artículo 7 inciso segundo de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo prescribe que “las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión”.

Para los diputados, se trataría de una vulneración del principio de servicialidad recogido en el primer artículo de nuestra Constitución y en el artículo 3 inciso primero de la ley N°18.575. De acuerdo con este último, “la Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal”.

Finalmente, los legisladores de RN piden al contralor general que solicite la información necesaria tanto de la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, como al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, disponiendo de un sumario administrativo, ya que “la falta de continuidad de un servicio que beneficia a miles de niños, niñas y adolescentes transgrede directamente normas de carácter fundamental, que dicen relación con la obtención del bien común y su rol instrumental en pro de la dignidad de la persona”.