Perú exigirá 1.000 millones de dólares a Odebrecht
La Justicia peruana reclamará 3.468 millones de soles (unos 1.000 millones de dólares) a la empresa brasileña Odebrecht por concepto de reparación civil en favor del Estado, debido a los daños y perjuicios causados al país por sus prácticas de corrupción.
Jorge Ramírez, procurador especial por el caso Odebrecht, hizo está valoración en función de los tres proyectos desarrollados por la constructora en los que hubo prácticas de corrupción, el Gasoducto Sur Peruano, la carretera Chacas en Áncash y los tramos 2 y 3 de la ruta Interoceánica Sur, según publica este lunes la prensa local
Ramírez lamentó en declaraciones al programa Cuarto Poder que la constructora haya ofrecido pagar solo el doble de los pagos por soborno, 66 millones de dólares.
“Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y, si quieren enmendar, espero que propongan un monto mayor”, afirmó el procurador.
Rodrigo Villar, portavoz de Odebrecht en Perú, respondió con una nota a la propuesta, señalando lo extraño de la petición, que de hacerse realidad apuntaría a que la reparación sería “30 veces superior al total de los pagos ilícitos”.
La empresa Odebrecht apuntó que esta y otras iniciativas del Gobierno y la Fiscalía peruana conspiran en contra de la lucha anticorrupción, al inhibir frontalmente que las empresas reconozcan hechos y que quieran así colaborar con la Justicia.
El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, debido a los sobornos entregados por la compañía brasileña en distintos países para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de candidatos políticos.
En Perú, donde pagaron sobornos entre 2005 y 2014, las investigaciones afectan a toda la clase política. Entre otros, se investiga a la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht.