Política

En una entrevista con Tele13 Radio, el ex subsecretario del Interior, expresó su sorpresa ante la actitud actual de las autoridades, recordando que durante el gobierno de Sebastián Piñera, la izquierda exigía estas pensiones en un momento delicado debido a la violencia en las calles.

Respecto a la molestia que generó en Demócratas, el presidente de Convergencia Social dijo que “yo ya lo doy por superado, la verdad. Hacemos un llamado al diálogo, a que estos eventos no ensucien la unidad que debe existir para poner en el centro lo que se aprobó en general, que es el seguro social”.

La Tercera informó que las diligencias de la Fiscalía buscarán, en principio, evaluar en detalle el informe del organismo fiscalizador, pese a que aún no se han detectado situaciones constitutivas de delito en este caso. Desde el Ministerio Público fueron enfáticos en señalar que, de encontrar antecedentes que vayan en ese sentido, no dudarán perseguir a los responsables.

Según consignó La Tercera, el documento indicaba que “por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia”.

Luego de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuviera que los beneficios fueron otorgados bajo el protocolo establecido por el gobierno anterior, el exministro secretario general de Gobierno de la segunda administración de Piñera, pidió al Mandatario “volver a revisar” las pensiones otorgadas para que “no hayan falsos empates”.

El parlamentario de Demócratas, en conversación con Radio Cooperativa, sostuvo que “cualquier pensión de gracia que se ha otorgado en forma irregular, sin los antecedentes, sin los certificados médicos, tiene que ser revocada”.

“Mientras más urgencia le dé el Gobierno, más difícil su aprobación. Antes de julio lo veo difícil”, aseguró el senador UDI Iván Moreira, quien a contar de marzo presidirá la Comisión de Trabajo, que además tendrá mayoría de oposición con Rodrigo Galilea (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Por el oficialismo estarán Gastón Saavedra (PS) y Alejandra Sepúlveda (Independiente).

La titular del Interior sostuvo, desde la Región de La Araucanía, que “hoy día que estos están a la vista, el Presidente ha instruido que aquellas personas que tenían antecedentes penales al momento de tener las pensiones de gracia se evalúe uno por uno el caso, dejando a las personas que tienen un daño grave y permanente, mantener el beneficio. En el caso de quienes no tienen este daño permanente, evaluarlo”. Remarcó que “de hecho, la falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior”.

Henry Leal, de la UDI, sostuvo que “como bancada vamos a iniciar un procedimiento de destitución de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos que participaron de este procedimiento. Ellos tienen un deber de responsabilidad. Esperamos que el Gobierno, revoque las pensiones de gracia sin más trámites”. El diputado de RN, Diego Schalper, indicó que “me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está absolutamente comprometida”.

El subsecretario del Interior reconoció que es “un hecho grave”, pero al mismo tiempo precisó que el Gobierno cumplió “rigurosamente los requisitos del procedimiento establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del año 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”.