Política

La indagatoria surgió luego de que Felipe Heusser, excoordinador de la campaña, enviara una misiva al Consejo para la Transparencia (CPLT) para aclarar el rol que tuvo la fundación que está en el ojo del huracán en el denominado Caso Convenios.

En un documento dado a conocer por La Tercera, Andrade señaló a RD que “no puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”.

El diputado Eric Aedo (DC) señaló que “es el momento que el gobierno tome una decisión. (…) Creo que es muy difícil que se sostenga en el tiempo la delegada presidencial en la región”. El senador Sebastián Keitel, de Evópoli, afirmó a Emol que “yo espero sinceramente que ella renuncie, por el bien de la región. Cuando tú tienes a la máxima autoridad regional, cuestionada hoy por sus vínculos con los responsables de posibles convenios truchos, lo que corresponde es salir del cargo”.

El Mandatario sostuvo este jueves que “es importante que la acción del Estado le haga sentido a la gente y entregue respuestas oportunas a la gente. Por eso a su vez, es tan preocupante cuando hay personas que defraudan esa confianza a partir de actuaciones irregulares o derechamente delictuales”.

La parlamentaria de RN señaló que “ante los hechos que han sido de público conocimiento y de una profunda gravedad que golpea directamente a las instituciones y a nuestra democracia, le hago un llamado público a la diputada Catalina Pérez para que ella renuncie a su fuero o a Revolución Democrática, su partido, que ya se ha querellado por estos hechos, a que presente el desafuero de la diputada”.

Henry Leal, Marlene Pérez y Cristóbal Martínez exigieron la renuncia de los ministros Montes y Jackson, además de la delegada Dresdner y del seremi Minvu del Maule, Rodrigo Hernández.

El diputado UDI, en conversación con T13 Noche, sostuvo que “entonces, la pregunta es por qué simplemente no se entrega toda la información. Esperamos no solamente el Ministerio de Vivienda, sino que todo el gobierno en que se transfirió en el último tiempo”.

El juez Ponciano Sallés, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, dijo que, a pesar que la Fundación Democracia Viva se encuentra legalmente en la comuna de Ñuñoa, “los delitos que se atribuyen en la presentación dicen relación que hechos acontecidos respecto de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de la Región de Antofagasta, estimando este juez que el principio de ejecución de los hechos constitutivos de delito se encuentra radicado en Antofagasta, lugar desde el cual se dispusieron los fondos presuntamente malversados”.

Cristian Aguilar sostuvo que “ayer (martes) se realizaron otras diligencias que dicen relación con los domicilios que manteníamos del señor Andrade y en una de ellas, pudo obtenerse un resultado favorable, incautando un computador y un teléfono celular”.

Se trata del exintendente y exconvencional Pablo Toloza; la directora del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Teresita Santa Cruz, y el asesor legislativo Carlos Oyarzún. “Agotaremos todas las acciones legales que estén en nuestro poder para perseguir las responsabilidades del caso”, remarcó Santa Cruz.