Los diputados de la Bancada UDI, Henry Leal, Marlene Pérez y Cristóbal Martínez, exigieron la mañana de este jueves la renuncia inmediata de los ministros de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo Social, Carlos Montes y Giorgio Jackson, respectivamente, además de la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y del seremi Minvu de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, por su complicidad con el denominado Caso Convenios, en el que se investiga a distintos militantes de Revolución Democrática por haber recibido millonarios recursos públicos durante la actual administración.

Al respecto, y junto con calificar como “escandaloso” el actual escenario que enfrenta la colectividad del Frente Amplio, los parlamentarios gremialistas señalaron que, independiente de la arista penal que está llevando a cabo la Fiscalía -y en la que la Bancada UDI se hizo parte por medio de una querella criminal-, “es indispensable que el Presidente Gabriel Boric exija las responsabilidades políticas del caso”, advirtiendo que la reciente salida de la subsecretaria de Vivienda “es insuficiente”.

“Los chilenos necesitan que el Gobierno se preocupe de mejorar su gestión pública, de administrar bien nuestro país, y no estar semana tras semana perdiendo el tiempo en un nuevo escándalo o polémica. Porque desde el primer día que llegó esta administración que son incapaces de tener una semana tranquila. Primero fue la visita de la exministra Siches a Temucuicui, después los tropiezos de Cancillería, los indultos, la crisis respiratoria y ahora esto, y si el Presidente Boric no es capaz de adoptar medidas radicales, los únicos perjudicados van a ser los chilenos”, manifestaron.

Por lo mismo, y además de exigir la renuncia de los ministros Montes y Jackson, de la delegada Dresdner y del seremi Minvu del Maule, los diputados Leal, Pérez y Martínez también solicitaron la salida de cualquier funcionario público que tenga algún tipo de vínculo o relación con las fundaciones cuestionadas, asegurando que “es muy probable que estemos frente a eventuales delitos, que pueden ser fraude al Fisco, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias, por lo tanto el Gobierno tiene la responsabilidad de desmarcarse lo más que pueda y desprenderse de todos los trabajadores y autoridades que puedan estar involucradas en esta grave situación”.

En esa línea, y a raíz de la investigación de oficio que abrió la Fiscalía Regional del Maule -esta vez por la ONG Urbanismo Social-, los parlamentarios recordaron que la semana pasada enviaron casi 200 oficios a distintas reparticiones de todo el país, solicitando justamente transparentar las asignaciones de recursos y las transferencias directas que hayan realizado el último año, advirtiendo que “es probable que este mecanismo se esté repitiendo en otras regiones del país”.

“Todo indica que estamos ante un mecanismo para defraudar al Estado, y si el Presidente Boric no toma las medidas correspondientes, su gobierno también se verá perjudicado”, reiteraron.