La represión de los militares birmanos contra los manifestantes que protestan contra su golpe de Estado causó el viernes una primera víctima mortal, con el fallecimiento de una mujer que fue herida de bala, en un contexto de creciente presión internacional contra la junta.

Mya Thwate Thwate Khaing recibió un disparo en la cabeza el 9 de febrero, en una manifestación contra el golpe de Estado en NaiPyidó, la capital administrativa de Birmania.

Los enfrentamientos estallaron aquel día cuando las fuerzas de seguridad empezaron a lanzar balas de goma contra los manifestantes. Los médicos del hospital de la ciudad dijeron entonces a la AFP que al menos dos personas resultaron heridas de gravedad por balas reales, una de ellas la joven fallecida este viernes. 

Buena parte del país se rebeló cuando la junta derrocó a la jefa del gobierno civil Aung San Suu Kyi el 1 de febrero, y desde entonces la mantiene en arresto domiciliario.

SANCIONES INTERNACIONALES

Las presiones se han multiplicado sobre los militares, que hasta ahora hacen oídos sordos frente a las múltiples condenas y sanciones internacionales.

Reino Unido, antigua potencia colonial, anunció el jueves que sancionaba a tres generales birmanos por “graves violaciones de derechos humanos”.

Canadá, a su vez, sancionará a nueve responsables militares birmanos, y acusó a la junta de haber llevado a cabo “una acción sistemática de represión a través de medidas legislativas coercitivas y el uso de la fuerza”.

El jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, se ha convertido en un paria internacional tras los atropellos cometidos contra los musulmanes rohinyás en 2017.

La semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que Washington bloquearía el acceso de los generales a un fondo de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Los grupos de defensa de derechos humanos se congratulan por estas iniciativas, pero creen que hay que ir más lejos.

Las sanciones “no son suficientes para pedir cuentas a los militares y socavar su fuerza económica” observó Paul Donowitz, de la oenegé británica Global Witness. “Esperamos un anuncio de sanciones de la Unión Europea el lunes”, precisó Thinzar Shunlei Yi, uno de los militantes que lanzó la campaña de desobediencia civil.