Un duro revés sufrió en la Cámara de Diputados el indulto conmutativo del Gobierno que tiene como fin descongestionar y evitar el hacinamiento en los recintos penitenciarios, en medio de la pandemia del Covid-19.
Parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra del único artículo que faltaba, relativo al control por parte de Gendarmería del cumplimiento de la pena conmutada por reclusión domiciliaria total o parcial. Es decir, los sentenciados que no cumplan con estas medidas quedarían sin sanción.
Este artículo requería para su aprobación de un mínimo de 78 votos favorables, sin embargo, el resultado de la votación fue de 73 votos a favor, 20 en contra de parlamentarios de Chile Vamos y 7 abstenciones.
La diputada Natalia Castillo (RD) afirmó que “con este rechazo, la ley es impracticable. Lo que hicieron fue dejar a Gendarmería sin poder controlar a las 1.314 personas que podría favorecer esta ley”.
“Yo llamó al Presidente a subsanar el error que cometieron sus diputados y diputadas. Un hecho deliberado de querer botar este proyecto solo porque no incluye a los violadores de derechos humanos”, agregó.
En efecto, los parlamentarios oficialistas se opusieron a la norma desde un principio por este motivo. En el caso de la UDI, algunos parlamentarios consideraron que este proyecto atenta contra el derecho de igualdad ante la ley.
Por ejemplo, el diputado Sergio Bobadilla consideró la norma discriminatoria, por no incluir a los exmilitares encarcelados por violaciones a los DDHH, particularmente los de Punta Peuco. Insistió que seguirá rechazando el proyecto si el Gobierno, mediante un veto, no considera la igualdad de trato.
Mientras, algunos parlamentarios RN solicitaron que el beneficio alcance a los adultos mayores con enfermedades crónicas. “Pedimos que se evaluaran, uno a uno, los casos con criterios específicos, incluso a personas que cumplen penas menores a los 5 años”, expresó el diputado Luis Pardo.
“Si se aprueba la norma como salió de la Cámara, las personas van a salir directamente a la calle, en completa libertad, sin que Gendarmería tenga ninguna herramienta de fiscalización o para supervisar el cumplimiento, o devolverlos a la cárcel, si cometen nuevos delitos, es decir, salen en completo chipe libre”, señaló el diputado del PS, Leonardo Soto.
“Es un indulto humanitario de carácter sanitario, es decir, lograr que la población de riesgo, personas ancianas, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de 2 años, que viven en los recintos, puedan cumplir su pena, pero con arresto domiciliario. Lo que ha ocurrido hace imposible que esto suceda (…), porque si esas personas lo incumplen no hay ninguna sanción”, recalcó.
Planteó que sería muy irresponsable que el Gobierno apoyara este indulto tal cual está quedando sin la mencionada norma, “porque significaría que 1.300 personas, que hoy día están privadas de libertad porque han sido condenadas, queden absolutamente libres, ya que el arresto domiciliario incumplido no tiene consecuencias”.
Respecto al argumento de discriminación, Larraín aclaró que las personas que quedan excluidas son por cierto tipo de delito y no por su nombre y apellido, ni por su profesión u oficio.
“Yo lo encuentro un argumento falaz. Porque no están algunos, le vamos a negar a 1.300 personas la posibilidad de salir, eso ya en sí mismo es grave. Y segundo, porque es falso, aquí no hay personas favorecidas o perjudicadas, hay personas que han cometido ciertos delitos sancionados por los tribunales, que no tienen acceso al beneficio”, precisó.
El secretario de Estado indicó que estudian alternativas, entre ellas, un veto aditivo que busque reponer ciertas disposiciones que permitan hacer viable el proyecto.
“No podemos sacar personas de la cárcel por un hecho objetivo, que es la situación de pandemia, pero dejarlos en libertad, eso no lo podemos hacer”, explicó.
Parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra del único artículo que faltaba, relativo al control por parte de Gendarmería del cumplimiento de la pena conmutada por reclusión domiciliaria total o parcial. Es decir, los sentenciados que no cumplan con estas medidas quedarían sin sanción.
Este artículo requería para su aprobación de un mínimo de 78 votos favorables, sin embargo, el resultado de la votación fue de 73 votos a favor, 20 en contra de parlamentarios de Chile Vamos y 7 abstenciones.
La diputada Natalia Castillo (RD) afirmó que “con este rechazo, la ley es impracticable. Lo que hicieron fue dejar a Gendarmería sin poder controlar a las 1.314 personas que podría favorecer esta ley”.
“Yo llamó al Presidente a subsanar el error que cometieron sus diputados y diputadas. Un hecho deliberado de querer botar este proyecto solo porque no incluye a los violadores de derechos humanos”, agregó.
En efecto, los parlamentarios oficialistas se opusieron a la norma desde un principio por este motivo. En el caso de la UDI, algunos parlamentarios consideraron que este proyecto atenta contra el derecho de igualdad ante la ley.
Por ejemplo, el diputado Sergio Bobadilla consideró la norma discriminatoria, por no incluir a los exmilitares encarcelados por violaciones a los DDHH, particularmente los de Punta Peuco. Insistió que seguirá rechazando el proyecto si el Gobierno, mediante un veto, no considera la igualdad de trato.
Mientras, algunos parlamentarios RN solicitaron que el beneficio alcance a los adultos mayores con enfermedades crónicas. “Pedimos que se evaluaran, uno a uno, los casos con criterios específicos, incluso a personas que cumplen penas menores a los 5 años”, expresó el diputado Luis Pardo.
“Si se aprueba la norma como salió de la Cámara, las personas van a salir directamente a la calle, en completa libertad, sin que Gendarmería tenga ninguna herramienta de fiscalización o para supervisar el cumplimiento, o devolverlos a la cárcel, si cometen nuevos delitos, es decir, salen en completo chipe libre”, señaló el diputado del PS, Leonardo Soto.
MINISTRO LARRAÍN VE POSIBILIDAD DE VETO
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, consideró “extraordinariamente grave” este rechazo por parte de los diputados oficialistas.“Es un indulto humanitario de carácter sanitario, es decir, lograr que la población de riesgo, personas ancianas, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de 2 años, que viven en los recintos, puedan cumplir su pena, pero con arresto domiciliario. Lo que ha ocurrido hace imposible que esto suceda (…), porque si esas personas lo incumplen no hay ninguna sanción”, recalcó.
Planteó que sería muy irresponsable que el Gobierno apoyara este indulto tal cual está quedando sin la mencionada norma, “porque significaría que 1.300 personas, que hoy día están privadas de libertad porque han sido condenadas, queden absolutamente libres, ya que el arresto domiciliario incumplido no tiene consecuencias”.
Respecto al argumento de discriminación, Larraín aclaró que las personas que quedan excluidas son por cierto tipo de delito y no por su nombre y apellido, ni por su profesión u oficio.
“Yo lo encuentro un argumento falaz. Porque no están algunos, le vamos a negar a 1.300 personas la posibilidad de salir, eso ya en sí mismo es grave. Y segundo, porque es falso, aquí no hay personas favorecidas o perjudicadas, hay personas que han cometido ciertos delitos sancionados por los tribunales, que no tienen acceso al beneficio”, precisó.
El secretario de Estado indicó que estudian alternativas, entre ellas, un veto aditivo que busque reponer ciertas disposiciones que permitan hacer viable el proyecto.
“No podemos sacar personas de la cárcel por un hecho objetivo, que es la situación de pandemia, pero dejarlos en libertad, eso no lo podemos hacer”, explicó.
