Dificultades para realizar la vista de las causas que requieren de decisiones del tribunal de alzada local, ha tenido la Corte de Apelaciones de Concepción luego de la inhabilitación de unos ocho de sus ministros.
La razón se fundamenta en una querella por desacato que enfrentan los magistrados, luego que no dieran curso a un sumario destinado a aclarar las responsabilidades administrativas respecto del robo del celular que afectó al entonces juez de Cabrero, Leonel Castro.
Éste acusó desacato por parte del pleno que funcionaba en el año 2016 en la capital regional, ya que el aparato sustraído desde su oficina en esa localidad, apareció en las dependencias del máximo tribunal penquista.
Aunque el delito, cuyos responsables aún no se conocen, permitió revelar que Castro estaba implicado en delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, que le valieron ser destituido de su cargo.
Éste se querelló contra la Corte porque en el fallo sobre su situación, se ordenó ésta abriera una investigación sobre el robo del aparato y la oficiara al Ministerio Público, cosa que nunca realizó, causa que quedó en manos del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz en contra de los ministros que desempeñaban en el tribunal de alzada hace tres años.
La acción judicial presentada por Castro no fue revisada ni en Concepción ni en Talcahuano, ya que todos los jueces de Garantía se inhabilitaron, salvo la jueza Rosa Esther Yáñez de San Pedro de la Paz.
Esta situación ha dificultado el funcionamiento de las seis salas de la Corte de Apelaciones penquista, debido a la ausencia de una parte importante de sus ministros.
La razón se fundamenta en una querella por desacato que enfrentan los magistrados, luego que no dieran curso a un sumario destinado a aclarar las responsabilidades administrativas respecto del robo del celular que afectó al entonces juez de Cabrero, Leonel Castro.
Éste acusó desacato por parte del pleno que funcionaba en el año 2016 en la capital regional, ya que el aparato sustraído desde su oficina en esa localidad, apareció en las dependencias del máximo tribunal penquista.
Aunque el delito, cuyos responsables aún no se conocen, permitió revelar que Castro estaba implicado en delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, que le valieron ser destituido de su cargo.
Éste se querelló contra la Corte porque en el fallo sobre su situación, se ordenó ésta abriera una investigación sobre el robo del aparato y la oficiara al Ministerio Público, cosa que nunca realizó, causa que quedó en manos del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz en contra de los ministros que desempeñaban en el tribunal de alzada hace tres años.
La acción judicial presentada por Castro no fue revisada ni en Concepción ni en Talcahuano, ya que todos los jueces de Garantía se inhabilitaron, salvo la jueza Rosa Esther Yáñez de San Pedro de la Paz.
Esta situación ha dificultado el funcionamiento de las seis salas de la Corte de Apelaciones penquista, debido a la ausencia de una parte importante de sus ministros.
